La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra el concejal de Urbanismo de Cáceres

Ep./Rd.

La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres contra el concejal de Urbanismo de la ciudad, Tirso Leal, sobre unos hechos relacionados con la ampliación de suelo industrial en el polígono Capellanías.

Los socialistas presentaron un escrito por si se hubiera incurrido en un posible delito de "prevaricación administrativa" y "tráfico de influencias", pero se ha archivado al no encontrar indicios de delito.

En el escrito presentado ante Fiscalía, la portavoz municipal del PSOE, Belén Fernández, aseguraba que el concejal, en el ejercicio de sus funciones y prevaliéndose de su cargo, ha intervenido directamente en el expediente para la adquisición por parte del Ayuntamiento de Cáceres de suelo urbano de uso industrial para su desarrollo.

Y lo ha hecho "promoviendo, tramitando y autorizando un intercambio de parcelas entre el Ayuntamiento y determinadas empresas privadas con las que había tenido relación previa en el ejercicio profesional privado y, en particular, con una sociedad cuyo presidente ejerce de administrador único en una sociedad participada por el mismo concejal", recogía el escrito.

Fernández también entendía que el procedimiento de expropiación forzosa al que ha recurrido el ayuntamiento para la adquisición de los terrenos "beneficia directamente a su esposa y familiares políticos" porque tienen una participación en la empresa propietaria de la citada parcela.

La Fiscalía no va a abrir investigación de estos hechos al considerar que no hay indicios de delitos alguno y, ante el archivo de las diligencias, Belén Fernández ha anunciado este lunes que "buscarán otras vías" porque el PSOE no entiende las razones del archivo.

"No hemos querido hablar de este tema por respeto a la Fiscalía, porque recibimos una notificación de archivo sin ningún pronunciamiento en torno a las cuestiones que se planteaban en esa demanda", ha explicado este lunes al ser preguntada por el asunto, que ha calificado de "grave", porque el PSOE no entiende "qué razones de peso hay para tener un posicionamiento ante esta denuncia".

Por ello, Fernández ha indicado que se están "explorando otras vías que podamos abordar para que alguien, o quien corresponda o quien esté en voluntad de hacerlo, se pronuncie de verdad sobre las cuestiones de fondo que elevamos" a la Fiscalía.

SATISFACCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Por su parte, el equipo de Gobierno ha mostrado su satisfacción tras conocerse el archivo de la denuncia presentada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Belén Fernández, ante la Fiscalía en relación con la ampliación de suelo industrial en el polígono de Capellanías.

"Este tipo de actuaciones del Grupo Municipal Socialista no contribuyen al normal desarrollo de la vida institucional ni al debate político constructivo que merece la ciudad de Cáceres", argumenta el Ejecutivo local en una nota de prensa.

Por eso, el equipo de Gobierno ha querido reafirmar su compromiso con una gestión "rigurosa, transparente y ajustada a la legalidad". "La oposición del PSOE debe basarse en la responsabilidad, y no recurrir a los bulos, la descalificación personal, ni a acusaciones que, como se ha demostrado, no se sostienen", argumenta en una nota de prensa.

En este punto, el propio Tirso Leal ha señalado que “se confirma lo que siempre hemos defendido: que no había base alguna para esta denuncia”, y ha añadido que “este archivo supone cerrar definitivamente una polémica que nunca debió generarse en esos términos”.

A este respecto, ha añadido que el objetivo del Grupo Municipal Socialista era la de generar una situación de exposición pública que afectaba directamente a su honorabilidad y la de su familia.

Por ello, el concejal ha lamentado que “se haya intentado trasladar a la opinión pública una acusación de extrema gravedad que hoy se demuestra que no tenía fundamento”, y ha subrayado que “no todo vale en política, y menos cuando se pone en cuestión la honorabilidad de las personas sin pruebas”, ha sentenciado.

Cabe recordar que la denuncia fue anunciada por el PSOE en junio de 2025 y la Fiscalía tenía seis meses desde entonces para pronunciarse.