Aprobado decreto que aumentará vigilancia en puestos para prevenir robo de uva y aceitunas

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el nuevo decreto que regula la trazabilidad de uvas y aceitunas para garantizar el seguimiento de estos frutos sin transformar, desde su lugar de producción en Extremadura hasta un establecimiento, tanto cuando el destino es directamente el establecimiento como cuando dichos productos se entregan a 'puestos' y después se destinan a un punto de transformación.

"La nueva trazabilidad supone un refuerzo del control de las instalaciones intermediarias, conocidas como 'puestos', donde se venden estos productos agrícolas", según ha explicado la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida.

El objetivo es evitar riesgos para la seguridad alimentaria derivados de la intermediación entre pequeños productores y establecimientos de transformación, tal y como ha avanzado.

Asimismo, delimita la actividad de los 'puestos', dado el vacío y singularidad de los mismos como mercado tradicional extremeño, para que responda a la naturaleza de estos de fase vinculada a la producción primaria agrícola y no implique riesgos en seguridad alimentaria.

Así, a efectos de este decreto, se considera 'puesto' el lugar o instalación con ubicación fija en Extremadura que se dedica exclusivamente a operaciones de descarga, almacenamiento y recarga de uvas y aceitunas sin transformar, producidas en la región y destinadas únicamente a un establecimiento ubicado dentro o fuera de la comunidad autónoma.

Los titulares de los 'puestos' están obligados a formular una comunicación de la actividad para su inscripción registral y cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios propios de los operadores de fases ligadas a la producción primaria.

A su vez, en el decreto se exige como novedad que este modelo normalizado de documento de acompañamiento de traslado de uvas y aceitunas sea descargado de la plataforma Arado, con objeto de mejorar la seguridad al permitir su acceso a las personas productoras primarias identificadas con código en el Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas (SIEX).

Con esta norma se deroga y sustituye el Decreto 171/2016, de 18 de octubre, que no había podido evitar la continuidad de actividades irregulares que comportaban riesgo para la salud pública, según informa la Junta en una nota de prensa.