Sector agroalimentario pide al Gobierno pacto contra cambio climático 'vivo' y financiado

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Las organizaciones profesionales agrarias (COAG, UPA, Asaja y Unión de Uniones), las Cooperativas Agro-alimentarias, la federación de regantes (Fenacore) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la Confederación Española de Pesca (Cepesca) se han reunido este lunes con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En la reunión, el sector agroalimentario ha reclamado al Gobierno un pacto de Estado que sea "vivo", ya que el cambio climático "no va a parar" y en dos años estará "fuera de juego", y que cuente con un presupuesto "importante" para llevar a cabo las diez medidas que ha planteado el Ejecutivo.

En concreto, el secretario de organización de Asaja, Juan José Álvarez, ha pedido políticas "que sean eficaces", así como una política hídrica, de infraestructuras, de limpieza de los cauces de los ríos "para que no vuelvan a pasar las cosas que han pasado en los últimos años".

También ha defendido que haya una discriminación positiva hacia el medio rural con medidas para la población del medio rural. "Medidas fiscales, medidas de tipo laboral, que sea un acuerdo de contenido, un acuerdo de consenso y que tenga un presupuesto importante para llevarlo a cabo porque si no será imposible, no podemos hacer políticas que no tengan presupuesto", ha advertido en declaraciones a los medios tras las reunión.

El próximo encuentro entre el Gobierno y el sector agroalimentario para abordar el pacto de Estado será durante los días 13 y 14 de octubre durante una jornada en Ponferrada.

"Son ideas generales, falta concreción y hay que dotarlo de contenido como hemos puesto de manifiesto. Es muy importante el tema del agua y el tema de la biotecnología es vital para afrontar el cambio climático", ha manfiestado.

Respecto a la ganadería extensiva, Álvarez ha asegurado que los agricultores y ganadores "siempre" han sabido hacer la prevención para evitar los incendios.

Por su parte, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganadores (UPA), Cristóbal Cano, ha puesto en valor que el sector esté presente "desde el primer momento" para elaborar el pacto de Estado, al tratarse de "los primeros sectores productivos que sufren las consecuencias del cambio climático" y, por lo tanto, los "primeros interesados en mejorar y contribuir a que el medio ambiente se mejore".

"No hay ni un minuto que perder, así es lo que hemos podido trasladar a la vicepresidenta y estamos ya trabajando en propuestas basadas en el rigor, en la experiencia", ha apuntado Cano, destacando que Aagesen les ha trasladado que se trata de "una primera propuesta muy abierta" que se enriquecerá con las distintas propuestas.

Entre las peticiones que han hecho, ha destacado la elaboración de un plan estatal de apoyo a la ganadería extensiva. "Es fundamental que la ganadería extensiva se apoye, la ganadería extensiva tiene que revitalizarse y para eso son necesarias cuestiones que muchas veces no se hablan y que es que en el medio rural haya servicios públicos de calidad, que haya educación, sanidad, infraestructura para que la gente se quede ahí", ha propuesto.

Igualmente, han trasladado la necesidad de incluir en el debate que "un reparto más justo y más social del agua es necesario". "El agua no puede ser que siga acaparándose por los aguatenientes que históricamente han generado una discriminación en el campo, hace falta un nuevo reparto del agua", ha aseverado.

Desde el sector pesquero han criticado que en el documento presentado por el Gobierno "no aparezca la palabra 'pesca' en ningún momento", aunque sí aparece la palabra 'rural'. El sector reclama un pacto de Estado que "sea vivo" y que vaya acompañado de un estudio científico que recoja cuáles van a ser los costes del impacto del cambio climático.

GOBIERNO VE CLAVE LA OPINIÓN DE AGRICULTORES, GANADORES Y PESCADORES

Aagesen y Planas les han transmitido que, en el proceso de elaboración, las propuestas y la opinión de agricultores, ganaderos y pescadores son clave y que el pacto de Estado reconoce el papel estratégico del sector agroalimentario por su contribución en la gestión del territorio. Ambos han señalado que este Pacto contará con los agricultores, ganaderos y pescadores, junto a otros sectores.

"Este pacto de Estado nace de la evidencia clara de los últimos eventos extremos, como las danas o los incendios, que nos han afectado a todos y a los que es urgente dar una respuesta sistémica. El sector primario es esencial. No solo puede ayudar muchísimo a la adaptación y la mitigación, sino que también es particularmente vulnerable. Hemos de dar respuesta juntos a los desafíos a los que se enfrenta con todo el rigor técnico y científico", ha señalado la vicepresidenta.

El ministro Luis Planas ha remarcado que "en el documento final de este necesario y urgente pacto de Estado, el sector agroalimentario quedará reflejado como un valioso aliado para garantizar la seguridad alimentaria y en la lucha contra el cambio climático". "Agricultores, ganaderos y pescadores son esenciales para desarrollar medidas que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático, que ellos sufren de primera mano en sus procesos productivos con fenómenos climáticos cada vez más adversos y virulentos", ha afirmado.

Tras la reunión, Aagesen ha anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinará 34,5 millones de euros a la restauración hidrológico-forestal de las zonas devastadas por los grandes incendios del verano de 2025.

Con un importe de 24 millones, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (DGBBD) impulsará trabajos de restauración en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, tras las solicitudes de apoyo presentadas por estas comunidades autónomas en aplicación del artículo 50 bis de la Ley de Montes.

Estas intervenciones hidrológico-forestales de emergencia persiguen minimizar la pérdida de suelo, estabilizar el terreno y contener los procesos erosivos que se producen tras incendios y otros desastres naturales, especialmente en áreas de fuertes pendientes.

Asimismo, se pretende potenciar la recuperación de la cobertura vegetal y reducir el alto riesgo de plagas forestales, mediante tratamientos selvícolas y de prevención, y contribuir a la reparación de la red de pistas forestales dañadas.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la restauración de cauces y riberas, el control de la erosión y de la desertificación, la retirada y tratamiento de la biomasa quemada, la colaboración en el control de plagas forestales y la restauración de infraestructuras rurales de uso general.

En paralelo, los organismos de cuenca acometen planes de choque para proteger los recursos hídricos en las áreas incendiadas. Para la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), una inversión inicial de 2,5 millones para trabajos de urgencia en Mombeltrán (Ávila), con el fin de proteger tomas de abastecimiento y evitar el arrastre de cenizas a los cauces.

En la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), actuaciones en las provincias más afectadas -Ourense, León, Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila- con un presupuesto estimado de 5,1 millones para fajinas, albarradas, retirada de madera quemada y adecuación de infraestructuras hidráulicas.

En la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, un plan de choque dotado con 3 millones para evitar la contaminación de ríos y embalses tras los incendios, mediante estabilización de suelos y control de sedimentos.