Economía

Los economistas alertan que no deflactar el IRPF eleva presión fiscal para contribuyentes

Reclaman una reforma urgente del sistema de financiación autonómica tras alertar de grandes diferencias fiscales entre territorios.

Ep.

El Consejo General de Economistas de España (CGE), a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), ha advertido este martes de que la no deflactación de la tarifa del IRPF a nivel estatal y la falta de actualización de los mínimos personales y familiares y otros parámetros en un entorno inflacionista como el actual, eleva la presión fiscal sobre los contribuyentes.

Durante la presentación del estudio 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026', el REAF ha avisado de que un contribuyente con una renta de 30.000 euros puede llegar a pagar unos 350 euros más y otro con una renta de 70.000 euros, en torno a 760 euros más, como consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026. Este cálculo, ha precisado, parte de una subida acumulada aproximada del 18,10 por ciento.

El informe alerta de que la diversidad normativa en el IRPF es cada vez mayor. Así, señala que la tarifa estatal va del 9,5 por ciento al 24,5 por ciento, aunque ninguna comunidad autónoma reproduce exactamente esa escala. De este modo, apunta el REAF, ya hay territorios con tipos marginales agregados del 50 por ciento o superiores, como la Comunidad Valenciana, con un 54 por ciento; Navarra, con un 52 por ciento; o La Rioja, con un 51,5 por ciento.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las desigualdades en la tributación son aún más evidentes, según el REAF. Así, un residente en Asturias puede llegar a pagar, por una herencia de 800.000 euros, hasta 100.000 euros más que en Baleares, Galicia, Cantabria o Andalucía.

En el caso de donaciones por el mismo importe, en Extremadura los donatarios pueden abonar hasta 200.000 euros más que en Cantabria o Baleares.

REFORMA "URGENTE" DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El REAF constata en su informe que la recaudación total de las comunidades autónomas en 2023, último ejercicio disponible, aumentó un 16,5 por ciento respecto al ejercicio anterior y, dentro de los impuestos directos, el IRPF, tramo autonómico, creció un 21,13 por ciento, convirtiéndose en el principal motor del incremento.

En paralelo, los ingresos tributarios del Estado aumentaron un 10,4 por ciento en 2025 respecto a 2024 y la recaudación del IRPF alcanzó los 142.466 millones de euros.

Para el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, resulta necesario abordar de manera urgente la revisión en profundidad del sistema de financiación autonómica.

En este sentido, ha advertido de que "la vorágine normativa de las comunidades autónomas sobre los tributos cedidos genera desigualdades entre los ciudadanos según sea el lugar de su residencia".

Los expertos del REAF han contabilizado, este año, más de 1.100 impactos normativos que constatan el uso intensivo de la actividad legislativa en materia fiscal de las comunidades autónomas, "lo que dificulta enormemente el conocimiento de las normas fiscales por parte de los ciudadanos que tienen derecho a aplicarlas".

Por su parte, el presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández, ha expresado su malestar por la utilización recurrente de los reales decretos-ley en materia tributaria.

"Esta práctica genera incertidumbre e inseguridad jurídica y dificulta la planificación a corto y medio plazo tanto para las empresas como para los ciudadanos en general", ha advertido.

Asimismo, ha considerado inaceptable que normas no convalidadas por las Cortes acaben aplicándose mediante interpretaciones de la Administración Tributaria. "Es decir, lo que no recibe respaldo parlamentario termina introduciéndose en el sistema a través de notas publicadas en la página web de la Agencia Tributaria", ha denunciado.

Como ejemplo de este malestar, el REAF ha señalado la prórroga de los límites del régimen de módulos que, por segundo año consecutivo, se aplicarán por una interpretación de la Administración Tributaria "en el último momento, con el plazo de presentación del primer pago fraccionado ya iniciado".