Extremadura
CSN ve importante una financiación 'adecuada para gestión segura' de residuos radiactivos
Lucio: Esta gestión debe realizarse 'conforme a los más altos estándares de seguridad, garantizando la protección de las personas y del medio ambiente'.
Ep.
La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Pilar Lucio ha señalado que la financiación de la gestión de los residuos radioactivos debe ser "adecuada" y "suficiente" para garantizar que se cumplen "todos los requisitos de seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida" de los mismos.
Así, ha defendido que la gestión "segura" de los residuos constituye una "responsabilidad ineludible que no puede ser ni postergada ni eludida"; y ha añadido que esta gestión debe realizarse "conforme a los más altos estándares de seguridad, garantizando la protección de las personas y del medio ambiente".
De igual modo, ha apuntado que las decisiones sobre aspectos técnicos de la seguridad nuclear y la protección radiológica deben basarse "exclusivamente" en "criterios científicos y técnicos, alejados de consideraciones políticas o económicas".
Así lo señalado en una intervención este lunes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, dentro de las comparecencias del periodo informativo de la proposición de ley mediante la que Vox plantea la reducción de la tasa Enresa a las nucleares.
En este marco, Pilar Lucio ha destacado que, en su responsabilidad personal como miembro del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, seguirá velando porque este organismo, en el ejercicio de sus funciones y dentro del ámbito de sus competencias, sigue trabajando porque la gestión de los residuos radiactivos en España se realice "con todas las garantías de seguridad, en consonancia con los más altos estándares internacionales y con las mejores prácticas de los países de nuestro entorno".
SEGURIDAD
Tras remarcar que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es un organismo "independiente" cuya misión exclusiva es velar por la seguridad nuclear y por la protección radiológica, ha defendido que el mismo "no puede ni debe pronunciarse sobre aspectos económicos o financieros de la gestión de los residuos radiactivos, siempre que quede garantizado que dicha gestión se realizará con los estándares de seguridad requeridos".
Ha defendido, no obstante, que la determinación de las tarifas de las prestaciones patrimoniales, antes de las denominadas tasas que financian la gestión de residuos radiactivos, y los desmantelamientos de las instalaciones nucleares, le corresponde al Gobierno, en base a una memoria económica financiera actualizada del coste de las actividades contempladas en el Plan General de Residuos Radiactivos, elaborado por Enresa.
Ha añadido que la "responsabilidad" en el CSN se ciñe a garantizar que, independientemente del modelo de financiación que se establezca, éste proporciona recursos "suficientes" para que la gestión de los residuos radiactivos se realice "con todas las garantías de seguridad y garantización de seguridad a corto, medio y largo plazo".
Y, en este sentido, el Consejo vela porque se cumplan, entre otras, condiciones como que los planes técnicos para la gestión de residuos sean "viables" y "seguros"; y que las instalaciones destinadas a la gestión de residuos radiactivos cumplan "con todos los requisitos de seguridad que establece la normativa", y que la ejecución de las actividades de gestión se realice "conforme a las condiciones establecidas en las autorizaciones concedidas".
Asimismo, Pilar Lucio ha reconocido que la determinación de estas tasas y tarifas, como la que es objeto de la modificación legislativa que ha motivado esta comparecencia, es una cuestión "compleja" que debe tener en cuenta "múltiples factores".
En cualquier caso, ha reseñado que establecer una financiación "adecuada" es un requisito "ineludible" para garantizar la gestión "segura" de los residuos radiactivos, porque "no hay seguridad si no existe la capacidad económica para financiarla".
GRUPOS POLÍTICOS
Por su parte, la diputada del PP Pilar Gómez de Tejada ha lamentado la "hoja de ruta" del Gobierno central basada en "criterios ideológicos" para el "apagón nuclear" en España; y ha recordado que el 80 por ciento de los impuestos que pagan las nucleares corresponden al Gobierno central y que desde 2019 se han incrementado esas tasas en un 70 por ciento, lo que supone a su juicio "una forma de que las nucleares tengan que cerrar a la fuerza" por estar "asfixiadas" por impuestos.
Mientras, el diputado del PSOE José María Vergeles ha destacado los "controles de calidad" existentes en España en la gestión de residuos radioactivos, y ha considerado que la propuesta de ley que propone Vox "es una congelación en sentido estricto" de la "mal llamada" tasa Enresa, la cual a su juicio "no es un impuesto".
De su lado, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha preguntado a Pilar Lucio si la prórroga de la vida de las nucleares "cuenta con el visto bueno" del CSN.
Sobre este respecto, Pilar Lucio le ha respondido que cualquier pronunciamiento acerca del alargamiento de la vida de las centrales nucleares no es "misión" del CSN ni es su "responsabilidad" personal, sino que "eso es política gubernamental".
A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha señalado que "no hay seguridad si no hay capacidad económica para financiarla", y ha afirmado que la propuesta de Vox "cuestiona" el VII Plan de Residuos Radioactivos al proponer una reducción de la tasa Enresa.