Congreso aprueba decreto de ayudas para afectados por las borrascas en Extremadura y An

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El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles el real decreto ley que contempla ayudas para los afectados de Extremadura y Andalucía por las borrascas por valor de más de 7.000 millones de euros.

Los recursos movilizados van a cubrir los daños generados en los municipios, compensar a más de 12.400 personas desalojadas por estos fenómenos, así como mitigar el impacto que han sufrido las viviendas, los comercios, el sector agrícola y pesquero por las fuertes lluvias y por las crecidas de los ríos.

El objetivo de este decreto no es solamente paliar los daños sino impulsar la reconstrucción de los lugares e infraestructuras que han quedado más afectadas.

Las ayudas, en primer lugar, irán dirigidas a familias y hogares afectados. Así, se aprueban ayudas directas para las más de 12.400 personas que han sido desalojadas por los fenómenos meteorológicos.

En concreto, la compensación va a ser de 150 euros por persona y por día. Esta compensación va a ser compatible con otros ayudas a las que también se puedan acceder, como la de los daños en las viviendas. Por ejemplo, esto supone para una familia de cuatro miembros que hayan pasado diez días fuera de su hogar una ayuda directa de 6.000 euros.

Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, van a estar exentas de tributación en el IRPF al igual que el de impuestos de sociedades para las empresas. Tampoco computarán a la hora de recibir el ingreso mínimo.

Un segundo apartado son ayudas para ayuntamientos, con un total de 2.000 millones de euros que se transferirán a los municipios para afrontar la reparación de infraestructuras municipales afectadas por lluvias e inundaciones. Es una transferencia y no un préstamo, por tanto, es un dinero que los ayuntamientos no tendrán que devolver, aunque sí justificar que han sido abonados para la reparación de las infraestructuras.

La ayuda contempla que el Gobierno anticipará y financiará el 100% de los daños de los municipios afectados y permitirá que se pueda utilizar el superávit del 2025 para que se pueda emplear en inversiones que vayan a resarcir los daños provocados por la borrasca.

MEDIDAS FISCALES

El decreto también incluye medidas de carácter fiscal, como exención del pago del IBI y la reducción en el impuesto sobre actividades económicas para el 2026, cuando afecten a inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones. En caso de que se haya ya realizado el pago, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de lo abonado.

Además, se incluye una reducción de módulos del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada.

Otra línea está dirigida a la seguridad social. En esta categoría, se contemplan la prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo; ERTE por fuerza mayor para los trabajadores afectados, con exenciones en la cotización para las empresas; Aplazamiento y moratoria en el pago de las cuotas a la Seguridad Social; Protección para el desempleo para las empleadas del hogar; y reducción de 35 a un mínimo de 5 jornadas reales cotizadas para el acceso al subsidio por desempleo a los trabajadores agrarios eventuales.

El cuarto eje de las ayudas contempla recursos para la agricultura y sector pesquero, que se verá beneficiado con más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de las zonas afectadas; y ayudas de diez millones de euros para armadores de buques de pesca, cuyo puerta base esté en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva.

Igualmente, se destinarán 600 millones para la reparación de caminos rurales o infraestructuras asociadas y 163 millones para la reparación de estructuras de vías y ferroviarias de titularidad estatal por parte del Ministerio de Transportes.

Por último, en el apartado de ayudas al comercio, se acompañan de unas subvenciones para la hostelería y comercio minorista de zonas afectadas de un importe de 120 millones, y líneas de financiación ICO de 100 millones de euros para daños agrarios de borrasca y para las indemnizaciones correspondientes al consorcio de seguros.