Gobierno da 6,2 millones a atención pobreza infantil y protección familias en Extremadura

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, movilizar 200 millones de euros (198.704.000 euro) para reforzar los servicios sociales, proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y combatir la pobreza infantil, y de los cuales 6,2 millones se destinan a Extremadura.

Esta inversión, que parte del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, se va a transferir a los gobiernos autonómicos, que son las administraciones competentes en materia de servicios sociales, y va a servir para financiar diferentes programas tanto a nivel autonómico como local.

Los programas financiados por estas partidas se destinan a todo tipo de familias que presenten necesidades singulares de protección, incluidas las familias monomarentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural.

En concreto, la inversión se articula en tres programas. El primero, dotado con 65 millones de euros (de los cuales 2,7 millones) son para Extremadura, financiará proyectos de intervención social y prestaciones para familias con menores en riesgo de pobreza y exclusión social.

Se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene, la alimentación o la ropa, necesidades en materia de educación como la financiación de material escolar o ayudas para el comedor, o recursos para los suministros básicos del hogar.

Incluye el programa VECA, que va a permitir garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral en periodos no lectivos.

El segundo programa, con 25 millones, está previsto que refuerce los equipos de servicios sociales para prevenir y detectar "cualquier tipo" de riesgo de violencia hacia la infancia, con "una apuesta clara" por perfiles profesionales del trabajo social, la educación social, la psicología y la atención familiar, así como el fomento de una mayor coordinación con los centros educativos y sanitarios, en línea con la ejecución de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). De esta partida, 629.000 euros le corresponden a Extremadura.

Por su parte, el plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, dotado con más de 108 millones de euros (2,8 millones para Extremadura), busca asegurar el acceso a prestaciones como la orientación social, la ayuda al domicilio, el alojamiento alternativo y los programas de prevención e inserción social.

Además, se respaldará el funcionamiento de albergues y centros de acogida, fundamentales para dar respuesta a personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

En concreto, la propuesta de distribución territorial de créditos a las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es la siguiente: Andalucía, con 35,9 millones de euros; Aragón, con 6,7; Asturias, con 5,3; Baleares, con 5; Canarias, con 9,8; Cantabria, con 3,5; Castilla-La Mancha, con 10,3; Castilla y León, con 12,4; Cataluña, con 29,9; Extremadura, con 6,2; Galicia, con 13,5; Madrid, con 25,2; Murcia, con 7; La Rioja, con 3; Comunidad Valenciana, con 20,4; Ceuta, con 2; y Melilla, con 1,9.

El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes una declaración institucional por el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebró el pasado 3 de mayo, en su vigésimo aniversario.

La declaración destaca los "avances" logrados en España en materia de igualdad, inclusión y garantía de derechos, y destaca medidas en materia de no discriminación, derechos en la infancia y la educación, derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, accesibilidad universal o el acceso a la justicia. Asimismo, subraya el compromiso del Gobierno con la plena participación social, económica y política de las personas con discapacidad, promoviendo un enfoque transversal en las políticas públicas.

Además, el Ministerio de Derechos Sociales ha sido proponente, junto a los ministerios de Educación, Hacienda e Igualdad, del Real Decreto por el que se regula la distribución de la recaudación del Impuesto sobre actividades de juego de apuestas deportivas-benéficas, en la que se establece que la liga profesional de fútbol femenino será beneficiaria directa del 15% de dicha recaudación, lo que refuerza el papel del deporte femenino en el sistema deportivo español y avanza hacía una mayor equidad en la financiación.