El sector de transporte de viajeros de Extremadura desmiente a la consejera de Educación

Las más de 40 empresas extremeñas del sector del transporte escolar -que libremente han decidido no presentarse a las últimas licitaciones publicadas por la Administración autonómica- han desmentido "rotundamente" la información facilitada este pasado lunes por la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, en su última comparecencia ante los medios de comunicación. 

Así pues, con el fin de aclarar la situación actual, a través de una nota de prensa, el sector lamenta profundamente las "falsas e infundadas" acusaciones de la titular extremeña de Educación a un grupo de estas empresas y reiteran que la raíz de este conflicto "es el grave incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre Administración y operadores del sector el pasado 12 de marzo".

"Este es el motivo real por el que el servicio de transporte escolar se ha visto afectado, generando una situación de caos e indignación en numerosas familias en estos primeros días de curso", argumentan.

En este sentido, las empresas insisten en que su objetivo es "ofrecer un servicio de calidad, garantizando la seguridad de los estudiantes y unas condiciones justas tanto para los trabajadores como para las propias compañías".

Por ello, y dada la situación generada, "agravada sobremanera" por la consejera de Educación este pasado lunes en su comparecencia ante los medios de comunicación, consideran fundamental dar a conocer la situación actual y explicar detalladamente los hechos ocurridos hasta ahora.

CONTEXTO "DE ENGAÑO, FALTA DE COMPROMISO Y ACUSACIONES FALSAS"

De este modo, el sector denuncia que la raíz de este conflicto es el "reiterado incumplimiento" de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional "sobre lo hablado, acordado e incluso comprometido por escrito" en negociaciones anteriores entre Administración y las empresas del sector.

Y es que tras meses de diálogo, el 12 de marzo la consejera de Educación entregó a estas empresas un documento firmado en el que se comprometía a una serie de cuestiones, entre ellas, la modificación del Acuerdo Marco vigente y la inclusión de nuevos precios para las diferentes categorías de rutas.

"En un acto de buena fe, confiando en la palabra de la consejera, y bajo un claro compromiso con los miles de usuarios del transporte escolar y sus familias, las empresas aceptaron la formalización de contratos menores con el único objetivo de poder finalizar el curso escolar 2024/25, a pesar de que las tarifas ya no cubrían los costes en ese momento", detallan.

Así, las empresas "confiaron" en el documento firmando por Vaquera, donde se registraba que "para este mes de septiembre, con la llegada del inicio del nuevo curso escolar, las nuevas condiciones acordadas y prometidas se pondrían en marcha".

"La sorpresa y el engaño llegaron cuando la Consejería les comunicó que continuarían adelante con la tramitación del Acuerdo Marco sin realizar en él modificación alguna, incumpliendo con ello lo prometido, acordado e incluso firmando tan solo unos meses atrás", denuncian.

Así pues, el sector "lamenta y rechaza por completo" las actuaciones de la Consejería de Educación, que -según continúa- "ha estado sin pagar durante meses por los servicios de transporte escolar debidamente realizados, poniendo con ello en riesgo su viabilidad y la subsistencia de las familias de sus trabajadores, ya que algunos transportistas aún tienen parte de la deuda del curso pasado sin cobrar".

Por tanto, las más de 40 empresas del sector "desmienten de forma tajante" las declaraciones realizadas este pasado lunes por la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en las que aseguró que habían pedido “firmar compromisos contrarios a la ley y que habían ejercido coacciones, a pesar de que la propia Vaquera ni siquiera ha estado presente en las últimas conversaciones".

En este punto, el sector subraya que "nunca ha solicitado nada ilegal" y califica esas acusaciones de "graves, falsas y temerarias", recordando además que todas sus reivindicaciones ya están implantadas de manera legal en otras comunidades autónomas.

Además, recalca que durante las negociaciones mantenidas este fin de semana, las empresas y la Administración habían alcanzado "de manera verbal una serie de acuerdos que se ajustaban plenamente a la legalidad y ofrecían una base de entendimiento para avanzar en la resolución del conflicto".

Sin embargo, "la sorpresa llegó cuando las compañías recibieron el documento oficial para su firma y comprobaron que esos puntos pactados no figuraban en el texto, lo que generó desconfianza e incredulidad entre los representantes empresariales".

Así, esta situación, "unida a los reiterados incumplimientos previos" por parte de la consejera de Educación de compromisos firmados por ella misma, "ha terminado por minar la confianza del sector, que considera que la Administración carece de seriedad y compromiso real para con sus interlocutores".

De hecho, las empresas recuerdan que no es la primera vez que ocurre algo similar, ya que "en al menos cinco ocasiones la consejera ha incumplido lo acordado, lo que refuerza la percepción de que su palabra no ofrece garantías y aumenta la desconfianza hacia la gestión de la señora Vaquera".

Por último, las empresas del sector quieren trasladar a la opinión pública una situación que consideran "muy grave" y que pone de manifiesto las prácticas de la Consejería de Educación en el marco de este conflicto.

Y es que, según detalla, "en la tarde-noche del pasado jueves, 11 de septiembre, varios supuestos empleados públicos se presentaron en los domicilios particulares de distintos empresarios del transporte con intenciones desconocidas".

"Aunque fueron identificados, ninguno de ellos llegó a ser atendido, lo que generó inquietud y desconfianza entre las familias afectadas. A este episodio se suma lo ocurrido en la noche de este pasado lunes, cuando algunas compañías recibieron llamadas telefónicas en las que se las presionaba de manera directa para que retomaran de inmediato el servicio de transporte escolar, llegando incluso a amenazarlas con emprender acciones legales si no se presentaban a realizar los trayectos".

Por ello, el sector considera que este tipo de actuaciones "no solo son inaceptables, sino que también evidencian una estrategia de intimidación que agrava aún más la falta de confianza hacia la Consejería y aleja cualquier posibilidad de diálogo constructivo."

PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y LLAMADA AL DIÁLOGO

No obstante, pese a la denuncia pública y las graves acusaciones vertidas por la consejera de Educación hacia las empresas, el sector reitera que "siempre está en posición de negociar y dejar atrás este conflicto".

Eso sí, para ello, "es fundamental que no existan presiones y denuncias penales de por medio, y que la consejera de Educación cumpla con todos y cada uno de los acuerdos a los que se ha comprometido con el sector, incluido el del pasado 12 de marzo".

"El objetivo de las empresas es, y ha sido siempre, el poder prestar un servicio de calidad a todos los estudiantes de Extremadura y para ello necesita que la Administración autonómica actúe con transparencia, respeto y, sobre todo, que cumpla su palabra", concluye.