La Asamblea convalida el decreto-ley acordado por Junta y Vox sobre gobiernos en funciones

Ep.

La Asamblea ha convalidado el decreto-ley acordado por la Junta y Vox que modifica la ley de regulación del proceso de transición entre gobiernos en Extremadura en un pleno que ha contado con críticas y reproches del PSOE y Unidas por Extremadura, grupo este último que no ha participado en la votación y ha abandonado el hemiciclo antes de su inicio.

La convalidación del decreto ley ha contado con los votos a favor de los grupos del PP y Vox y con la abstención del Grupo Socialista, quien había solicitado la tramitación del mismo como proyecto de ley, petición que ha sido rechazada por la cámara legislativa extremeña.

La defensa de la iniciativa ha contado con la intervención del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, que ha explicado que la misma busca dotar a la región de una norma ajustada a la necesidad del momento, en el que se ha alargado varios meses la situación en funciones del gobierno regional.

Así, ha insistido en que no responde a ninguna "estrategia política", sino a una necesidad "urgente, real y muy clara" de garantizar que la administración autonómica siga funcionando durante el periodo de transición entre gobiernos.

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, ha dicho que el decreto ley convalidado flexibiliza una norma que imponía restricciones que impedían el normal funcionamiento de la administración en un periodo como el actual, considerando que la modificación es una "corrección justa y necesaria" a la norma inicial aprobada por un gobierno del PP.

En este sentido ha recalcado que la situación que se pretende resolver "no es fruto de la casualidad ni viene por arte de birlibirloque", sino que tiene "responsables claros" que son José Antonio Monago, quien aprobó la ley, y María Guardiola, que decidió convocar elecciones sin hablar con Vox, ha dicho, por lo que, ante "la falta de previsión" del PP, su grupo ha actuado "con responsabilidad" y "sin pedir nada a cambio".

Por su parte, el diputado 'popular' Juan Luis Rodríguez Campos ha agradecido que se haya traído este decreto ley que evidencia, en su opinión, que se pone el gobierno de la Junta "al servicio" de los extremeños.

Asimismo, ha mostrado sus dudas de que PSOE y Unidas por Extremadura se lo hayan leído y comprendido, a quienes se ha ofrecido a explicarles las razones y las consecuencias de su convalidación.

CRÍTICAS DEL PSOE Y UNIDAS

En el turno del PSOE, el presidente de dicho grupo, José María Vergeles, ha considerado que el decreto ley convalidado no tiene una razón de urgencia sino que es un "atropello" y se ha preguntado "cuánto tiempo más nos van a tener en funciones".

Al respecto, ha asegurado que los socialistas han sido "responsables" y no han impedido que se aprobase, aunque ha insistido en su solicitud de que fuera tramitado como proyecto de ley para que tuviera "todas las garantías".

Finalmente, la presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha anunciado que su grupo no iba a ser "cómplice de este engendro democrático". "Ni siquiera vamos a votarlo, porque lo que no es legal no se puede legitimar con nuestro voto", ha dicho.

De Miguel ha considerado que el decreto ley es una "barbaridad jurídica" y un "absoluto esperpento", que verá la luz además con el apoyo de quienes "tienen paralizada esta región desde hace cinco meses y la tienen paralizada por puro capricho y tacticismo electoral".

BAUTISTA DEFIENDE QUE LA ANTERIOR LEY TENÍA PROHIBICIONES "EXTENSAS"

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, ha defendido que la anterior ley contenía prohibiciones "tan extensas" que llegaban a hacer "inviable el ejercicio de funciones meramente ordinarias" para cualquier administración.

"Se podrán discutir los motivos que nos han llevado a esta situación. Se podrá criticar la falta de un nuevo Gobierno y se podrá afirmar que si hubiera Gobierno no haría falta este decreto ley. También nos gustaría a nosotros que así fuera, pero la realidad no es la que uno quiere que sea, la realidad es la que uno tiene la obligación de abordar", ha asegurado.

Entre la prohibiciones que incluía la Ley de Regulación del Proceso de Transición entre Gobiernos en Extremadura se encontraba, entre otras, la aprobación o autorización de convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con el Estado y demás Administraciones públicas o la aprobación o publicación de convocatorias de procesos selectivos de acceso o de provisión de puestos de trabajo.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

En su intervención, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha condenado que el decreto ley no tiene razón de urgencia, en su opinión, y que el mismo es un "atropello".

También ha criticado que por el "capricho" de Guardiola se haya engordado una ultraderecha que va a hacer que la Asamblea sea "menos respirable". "Que tomen nota los extremeños y las extremeñas", ha añadido.

Además, ha afeado que la democracia en Extremadura lleve "secuestrada" desde la convocatoria de elecciones al no haber control por parte de los grupos a la Junta y con un decreto ley que lo que intenta es "desmantelar cualquier tipo de controles que garanticen una transición limpia y neutral" en Extremadura.

En el turno de Vox, el presidente del grupo parlamentario, Óscar Fernández, ha valorado la "responsabilidad" de sus diputados a la hora de apoyar la modificación de la ley, que en su opinión es una "corrección justa y necesaria".

Fernández ha considerado que el PP ha generado no una sino dos veces el "problema", el primero diseñando una "ley inadecuada" y después provocando una situación política donde "no ha habido manera de que todavía se articule una mayoría de gobierno".

"Frente a la falta de previsión del Partido Popular Vox ha actuado con responsabilidad, como siempre con responsabilidad", ha dicho, ya que con su apoyo corrige un "problema real".

Finalmente, la presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha tachado el decreto ley convalidado de "absoluto esperpento" y una "barbaridad jurídica" amparada con los votos del PP y Vox, partido éste último del que el PP es "rehén".

En este sentido, ha lamentado que aún no se sepa si habrá un acuerdo de gobierno que dé "verdaderamente estabilidad" esta región, ya que quien "decide todo está sentado en Madrid" mientras que en Extremadura se sigue asistiendo a un "circo de negociaciones".

Sobre el decreto ha insistido en su "dudosa legalidad" y en que es "visiblemente inconstitucional". "Si ustedes quieren cambiar esa ley, háganlo cuando este gobierno esté en plenitud de funciones, no ahora que ustedes están en funciones y se ven acorralados", ha aseverado.

Cabe señalar que Óscar Fernández, al final de su intervención ha confiado en que haya un "gobierno de Vox" y, dirigiéndose a la bancada de la izquierda, le ha dicho: "Señores comunistas, comunistas derivados, primos hermanos, etcétera, etcétera, les veremos echar espuma por la boca, y yo me alegraré infinitamente".

"Seguramente, señora De Miguel, a usted le ponen 80.000 pavos encima de la mesa y usted firma que mató a Manolete, no tengo ninguna duda. Pero nosotros somos diferentes a ustedes", ha dicho.

Al respecto, el diputado de PP Juan Luis Rodríguez Campos ha respondido a Fernández que no se trata de hacer que la gente "eche espumarajos por la boca" sino que los extremeños quieren "seriedad" y que los políticos piensen es su futuro. "Quieren que acordemos, porque eso es lo que salió en las últimas elecciones autonómicas", ha dicho.