Extremadura recurre ante la Justicia el Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno

Rd./Ep.

La Comunidad Autónoma de Extremadura ha iniciado los trámites para recurrir el nuevo Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno de España.

Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha justificado este paso del Ejecutivo regional en que el plan estatal "invade competencias exclusivas de nuestra Comunidad y porque impone a las regiones unas condiciones económicas y de gestión con las que no estamos de acuerdo".

En este sentido, la también titular extremeña de Hacienda ha alegado que "Extremadura tiene competencia exclusiva en materia de vivienda y no vamos a aceptar que se nos impongan decisiones que corresponden a nuestra comunidad autónoma".

En cuanto a las razones de carácter económico, Manzano ha aducido que "el reparto económico es claramente desequilibrado", ya que "el Gobierno de España exige a las comunidades un esfuerzo financiero muy superior al que asume el mismo".

En concreto, según sus palabras, el Ejecutivo central "incrementa su financiación en 2,9 veces y obliga a Extremadura a multiplicar por siete su aportación", ha señalado la portavoz del Gobierno extremeño. Esto significaría que, de los 210 millones de euros consignados para Extremadura, la Comunidad Autónoma debería aportar 84 millones.

Por tanto, la decisión del Consejo de Gobierno se ha traducido en formular los requerimientos previos a la interposición de dos recursos: uno ante el Tribunal Constitucional y otro ante la jurisdicción contencioso-administrativa, según informa el Gobierno regional en una nota de prensa.

"La Junta recurre porque considera que el Estado invade competencias autonómicas y obliga a Extremadura a asumir un esfuerzo económico desproporcionado", ha apostillado Manzano.

AGRAVIO CON OTRAS CCAA

Según la portavoz del Ejecutivo regional, además de rechazar la "imposición" de cofinanciar el 40% de "todas y cada una de las actuaciones", ha señalado que no comparten la "injusticia que deriva de un agravio", al comparar las cantidades recibidas con las de otras comunidades autónomas.

En este sentido, ha expuesto que se financia atendiendo a las zonas tensionadas que "existen en otras comunidades autónomas", entre las que ha citado a Cataluña y el País Vasco, lo que provoca que en ellas la aportación estatal sea "mucho mayor" que en Extremadura, donde no se han declarado, lo cual "quiebra principios esenciales de Justicia".

Por otro lado, además de esta "ridícula aportación" del Estado, la mandataria extremeña ha rechazado que se imponga, en este caso en el ámbito de la gestión, que para asegurar "cualquier actuación relacionada con esta financiación", será necesario "contar con una autorización del ministerio", lo que supone una "limitación" de la "propia autonomía política" que tiene Extremadura.