La justicia declara "improcedente" un despido efectuado por el Ayuntamiento de Badajoz

La asesoría jurídica de USO Extremadura ha conseguido una "nueva victoria judicial" frente al Ayuntamiento de Badajoz y, en concreto, en esta ocasión, el Juzgado de lo Social número 3 ha dictado sentencia declarando "improcedente" el despido de un trabajador adscrito a la Institución Ferial de la ciudad (Ifeba).

En concreto, el fallo judicial establece que el Ayuntamiento vulneró los requisitos legales exigidos para este tipo de despidos, al no poner a disposición del trabajador la indemnización correspondiente en el momento de comunicarle su cese.

Esta omisión, que contraviene lo establecido en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, anula automáticamente la validez del despido por causas objetivas, independientemente de las justificaciones administrativas que quiera alegar la parte empleadora.

Además, quedó acreditado durante el procedimiento que el Ayuntamiento disponía desde días antes de la comunicación del despido del crédito necesario para efectuar el pago de la indemnización, "lo que desmonta cualquier excusa basada en trámites internos o procedimientos burocráticos", según indica USO Extremadura en una nota de prensa.

En este caso, tal y como ha destacado, la situación "se agrava aún más" al conocerse que, desde el área de Recursos Humanos del Consistorio, "se intentó deliberadamente incumplir las bases de la convocatoria pública" y se publicó un decreto para dejar desierta la plaza que ocupaba este trabajador y que fue convocada en este proceso selectivo, "para evitar su despido y la indemnización correspondiente".

"Esta maniobra, denunciada en su momento por USO, no solo vulneraba la legalidad, sino que perjudicaba gravemente al resto de aspirantes que sí reunían las condiciones para optar a esa plaza en condiciones de igualdad", ha expuesto.

El juez ha condenado al ayuntamiento a optar entre la readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación o el pago de una indemnización total de 35.787,88 euros, de los que ya se han abonado 19.847,50 euros, quedando pendiente el pago de 15.940,38 euros.

USO Extremadura celebran esta nueva sentencia "como un respaldo claro a la defensa de los derechos laborales" y a la labor que desarrolla la organización "en todos los frentes, también en el jurídico".

"Este fallo refuerza nuestro compromiso con una administración pública responsable, transparente y respetuosa con la legalidad", ha concluido USO Extremadura, que "seguirá actuando con contundencia frente a cualquier abuso o irregularidad que afecte a los trabajadores".