Extremadura
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05 junio 2025
Ep./Rd.
La Asamblea de Extremadura ha aprobado con los votos de PP, PSOE y Unidas por Extremadura y la abstención de Vox una propuesta de impulso en la que insta a la Junta de Extremadura a aprobar una nueva convocatoria de ayudas que mejore la accesibilidad en viviendas, financiada con fondos propios y adecuados a la demanda existente.
La iniciativa, presentada por Unidas por Extremadura, insta también al gobierno regional a incluir en las convocatorias criterios de renta y urgencia a la hora de establecer un baremo para priorizar las actuaciones subvencionables.
De este modo, en su defensa, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha exigido al gobierno del Partido Popular a que destinen fondos propios para las ayudas para mejorar la accesibilidad de viviendas, ya que la convocatoria actual “se agotó en tan solo una hora y media”.
“Se presentaron 1.200 solicitudes y solo han sido atendidas 178”, ha asegurado Macías, quien también ha explicado que esta convocatoria de ayudas está incluida en el Plan Estatal de Viviendas “con un presupuesto insuficiente”.
“Todo el dinero que se pueda destinar a esta convocatoria es dinero bien invertido porque tiene un retorno enorme en el sector de la construcción y, además, aporta un valor añadido a las edificaciones”, ha aseverado.
A este respecto, el diputado también ha insistido en que es una convocatoria social, ya que garantiza que las personas con algún grado de dependencia, “que todos tendremos alguno en algún momento, si vivimos lo suficiente”, puedan acceder a sus viviendas.
“En definitiva, es facilitar a las personas trabajadoras de cierta edad poder entrar y salir de sus casas”, ha apostillado el diputado, según ha informado la formación morada en una nota de prensa.
Igualmente, Macías ha recordado que la Junta de Extremadura tiene fondos suficientes para ello. De hecho, ha insistido en que la región cuenta con 400 millones de euros de superávit “para invertir en una cuestión social como es la dependencia y los edificios que habitan las personas trabajadoras”.
LÍNEA DE AYUDAS "INSUFICIENTE"
La diputada socialista Nayara Basilio ha apoyado la propuesta porque está de acuerdo con Unidas por Extremadura en que la línea de ayudas que ha establecido la Junta es "insuficiente", no solo porque haya llegado únicamente a una "mínima parte de la población", sino porque además "la única Administración que pone dinero para esto es el Gobierno de España".
Asimismo, ha recriminado al Ejecutivo regional que haya "vetado su una Propuesta de Ley sobre las Garantías de la Vivienda Protegida en Extremadura, en la que planteaban que todas cumplan con los estándares de accesibilidad universal, porque "el Gobierno de la derecha, de la señora Guardiola, no cree en una sociedad más justa e inclusiva".
El diputado 'popular' Manuel Lozano ha señalado que la accesibilidad en las vivienda es un "problema que preocupa mucho" a la Junta de Extremadura y en el que está trabajando, al tiempo que ha reprochado a PSOE y Unidas por Extremadura su "repentino interés ahora" por las ayudas de accesibilidad, y por cómo se ha desarrollado esta convocatoria, que no tuvieron en anteriores convocatorias donde "ocurrió algo aproximadamente igual a lo que ahora ha ocurrido".
Además, ha señalado que la Junta de Extremadura está estudiando la posibilidad de implementar un programa específico para "seguir atendiendo las necesidades de accesibilidad en las viviendas" de la región. Finalmente, ha matizado que la ayuda, en contra de lo expuesto por PSOE y Unidas, que la Junta de Extremadura aporta el 30% de las ayudas.
Por su parte, el diputado de Vox Álvaro Sánchez-Ocaña Vara ha compartido que "no se ha hecho los suficiente" para mejorar la accesibilidad de la viviendas, y en este sentido ha remarcado que los fondos para este fin proceden del Estado, por lo que hubiera sido más apropiado, a su entender, que se presentara la iniciativa como una propuesta de pronunciamiento de la Cámara dirigida al Gobierno.
Además, se ha mostrado a favor de la construcción de nuevas viviendas accesibles para "equilibrar la tensión del mercado", ya que actuar sobre el parque de viviendas actual contribuir a elevar su valor y, lo que no favorecería en este caso a frenar el alza de los precios.
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