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16 abril 2026
El PSOE de Extremadura ha calificado de "indignas" las declaraciones realizadas en las últimas horas por la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, en las que advierte de un posible aumento de la presión asistencial en el Servicio Extremeño de Salud (SES) como consecuencia del proceso de regularización de alrededor de 3.000 personas migrantes en la región.
Así pues, la formación socialista ha indicado que estas palabras son "indignas" de una representante pública y constituyen un "ejemplo más del desgobierno que Guardiola ha implantado en Extremadura".
En este sentido, desde las filas socialistas han añadido que la comunidad autónoma lleva cuatro meses "sin un gobierno efectivo" tras las elecciones de diciembre y "más de seis meses bloqueada y paralizada", y que en ese contexto la Junta está lanzando mensajes "alarmistas y carentes de rigor".
Igualmente, el PSOE de Extremadura también ha considerado que de las declaraciones de la consejera emana un "trato deshumanizado" hacia las personas migrantes, al vincular su regularización administrativa con un "supuesto riesgo para la sostenibilidad" del sistema sanitario público.
A este respecto, ha criticado que se traslade a la ciudadanía una "imagen distorsionada" que puede generar "miedo e inquietud", al tiempo que ha asegurado que dichas manifestaciones pretenden "desviar la atención de los preocupantes datos de listas de espera sanitaria" recientemente publicados por el Ministerio de Sanidad.
De este modo, el PSOE ha considerado "indigno" intentar "maquillar una gestión deficiente señalando a colectivos vulnerables como responsables de problemas estructurales" del sistema.
Además, los socialistas se han preguntado en nota de prensa "qué tipo de desgobierno" encabeza la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, si considera que la incorporación al sistema de unas 3.000 personas puede provocar su colapso.
En esa línea, ha planteado qué ocurrirá con proyectos industriales que están llamando a la puerta de la región, como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata que prevé la llegada de unas 2.500 personas, y si la sanidad en Campo Arañuelo "se vería afectada cuando esta industria sea una realidad".
Frente a esta visión, los socialistas defienden una postura "responsable y constructiva" y han subrayado que el proceso de regularización "no supone la llegada de nuevas personas, sino el reconocimiento de derechos a quienes ya viven en Extremadura", al tiempo que han remarcado que se trata de ciudadanos que desarrollarán su proyecto de vida en la región.
Finalmente, para el PSOE, estas 3.000 personas "no representan un problema, sino una oportunidad", ya que contribuirán a generar "riqueza, fijar población y construir más futuro para Extremadura", concluye.
