La Junta de Extremadura no llega a un acuerdo con las empresas de transporte

15 septiembre 2025 | Publicado : 19:09 (15/09/2025) | Actualizado: 21:06 (15/09/2025)

Ep/Rd

Así, lo ha anunciado la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, afirmando que el gobierno extremeño va "a seguir con la mano tendida y abiertos al diálogo".

A este respecto, Vaquera ha indicado que, el pasado viernes, responsables de la Consejería de Educación se reunieron con las empresas que habían sido denunciadas "con el objetivo de poner fin a esta situación indeseable", en un encuentro en el que las empresas les trasladaron "varias exigencias".

Según la consejera, entre esas exigencias se encontraban que la Consejería de Educación desistiera de ejercitar la acusación particular en la denuncia contra ellas, así como la renuncia a presentar recursos contra el auto judicial que niega las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo, que pasaban por obligarlas a prestar este servicio de transporte escolar.

También, ha subrayado que las empresas reclamaban que la adjudicación directa de las rutas desiertas a aquellas que venían prestando el servicio en el curso pasado, elevando el precio en la categoría B.

De esta forma, ha reiterado que "la Consejería de Educación ha aceptado todas las exigencias de las empresas con un matiz, que siempre tienen que tener cobertura legal", lamentando que la "obviedad de que todos los compromisos se ajusten a la ley", ha sido "la razón por la que las empresas no suscriben el acuerdo".

En ese sentido, ha lamentado que estas empresas "están pidiendo que un Gobierno asuma compromisos aún estando fuera de la ley", lo que la consejera de Educación cree "muestra la nula voluntad de querer solucionar definitivamente el problema".

BLOQUEO DE LAS EMPRESAS

La consejera ha explicado que esta mañana había convocado a la prensa para anunciar un acuerdo con las cinco empresas que están "bloqueando" la situación, y que justo en ese momento estas han solicitado una nueva exigencia.

Ha insistido en que era una exigencia que la Junta también ha aceptado "con la condición de que se respete la ley", de modo que "todo lo que legalmente se permite se han comprometido a aceptarlo, pero "lo que no puede hacer ningún gobierno es aceptar compromisos contrarios a la ley".

Según Vaquera, entre las cuestiones por las que las empresas no quieren firmar con la exigencia de que los compromisos tengan cobertura legal, se ha referido a asuntos relacionados con las autorizaciones de los vehículos designados para cada ruta, o el cambio de categoría de ruta, pese a los cambios en el número de los alumnos, o que no haya cambios de itinerarios; o en relación a las plazas de movilidad reducida.

Desde entonces, ha asegurado que, durante todo el fin de semana, el Ejecutivo ha intentado "por todos los medios" que estos empresario "pongan fin a esta lamentable situación" que afecta a un servicio "esencial" para la educación.

En este sentido, ha insistido en que son las empresas las que tienen los "medios" para realizar el transporte escolar, y "a día de hoy es una parte minoritaria del sector la que está obstaculizando el derecho a la educación de cerca de 5.000 alumnos extremeños".

En todo caso, ha remarcado que la Junta ha ejercido, "desde el primer momento", su responsabilidad en cuanto a la "previsión, la coordinación, la gestión y la dotación económica" de esas rutas, y que se ha incrementado en 16 millones de euros esa cuantía, si bien ha añadido que la prestación última de la prestación del servicio requiere del "compromiso" de las empresas.

Asimismo, se ha referido a la denuncia por vía penal a estas empresas, presentada el pasado 4 de septiembre, basada en presuntas "coacciones, presiones y amenazas" de estas mismas empresas a otras compañías del sector para que no acudieran a las licitaciones.

Denuncia acompañada de la medida cautelar para proteger al alumnado y familias que necesitan el servicio, si bien el día 11 se publicó el auto del juzgado de Mérida que deniega la medida cautelar argumentando que la propia administración "tiene herramientas para obligar a las empresas a prestar el servicio".

En este sentido, ha señalado que, entre esas herramientas, se encuentra la resolución de obligado cumplimiento que la Junta aprobó el 10 de septiembre para garantizar la prestación del servicio, y que "hasta ahora están incumpliendo las empresas".

Ante ello, ha avanzado que estas empresas se enfrenta a sus "correspondientes sanciones", si bien no ha querido entrar en profundidad a esta cuestión, que ha dejado en manos de los servicios jurídicos de la Junta, que ha utilizado "todas las vías posibles, administrativas y judiciales, para garantizar la prestación de este servicio esencial".

Por todo lo anterior, ha hecho un llamamiento a las empresas, especialmente a aquellas que sí quieran firmar el acuerdo, para que "empaticen con el malestar de las familias" y que sigan prestando un servició "fundamental para el medio rural" y que entiendan que "no es un pulso con la administración porque afecta a derechos fundamentales" como es la educación.

Respecto a si se ha puesto fecha a una nueva reunión con las empresas para tratar de llegar a un acuerdo, la consejera se ha limitado a responder que el Ejecutivo regional mantiene la mano tendida y está "abierta al diálogo" las "24 horas del día" como ha tenido "de aquí para atrás".

PIDE "COMPRENSIÓN" A LAS FAMILIAS

La consejera también ha querido lanzar un mensaje a todas las familias afectadas por esta situación, que lamenta "de todo corazón" y que empatiza con ellos, porque ella también es madre, con hijos y que también tiene que trabajar, por lo que entiende el problema que tiene cada uno de ellos en sus casas.

Así, les ha pedido "comprensión", aunque ha reconocido que es "difícil", así como que entiendan que esta situación "no la está provocando la administración pública, porque si tuviésemos los medios, esos niños estaban ya en sus centros, pero son las empresas las que disponen de los medios materiales y humanos", recalcando que lamenta "profundamente la situación por la que están pasando".

AYUDAS Y ENSEÑANZA ONLINE

Sobre las medidas puestas en marcha para paliar la situación a las familias afectadas, ha recordado que este martes se aprobará, como ya avanzó el viernes, una ayuda económica de 0,26 euros por kilómetro a cada alumnos, para al menos "paliar un poco la situación económica que tienen que soportar".

En todo caso, ha señalado que saben que esta situación supera lo económico, pero "tampoco queremos que los padres tengan que poner de su bolsillo este trastorno económico" que supone ir y volver a los centros.

Sobre la formación telemática y las críticas suscitadas, la consejera ha señalado que sus "esfuerzos" en este momento está en intentar solucionar" esta situación tan indeseable para todos" pero, reconoce que las clases telemáticas no son la "solución definitiva, pero "al menos va a permitir que algunos alumnos" tenga la opción de no perder sus clases.

Y, ha expresado su agradecimiento a los equipos de los centros educativos, especialmente a los docentes y al personal de informática porque se están "volcando" en que los sistemas telemático se lleven a cabo "de la manera más eficaz y eficiente", porque "ahora mismo, es lo único que tenemos en nuestras manos para suplir, hasta cierto punto, para que los niños no se queden sin sus clases".