ÚLTIMA HORA
Extremadura
Número de muertes por enfermedad cardiovascular en el mundo...
Desde Quirónsalud advierten: Tabaquismo, colesterol elevado, hipertensión arterial y diabetes...
29 septiembre 2025
La polémica urbanización de la urbanización de la Isla de Valdecañas, ubicada en los municipios de El Gordo y Berrocalejo, en la provincia de Cáceres, podría enfrentar su fin tras más de una década de disputas judiciales. El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por unanimidad el recurso presentado por la Junta de Extremadura, que buscaba frenar la orden del Tribunal Supremo de derribar este complejo turístico y residencial de lujo. Con esta decisión, se acerca un paso más la posible demolición de las 180 villas de alto standing, el hotel, el campo de golf y el club náutico que componen este proyecto, aunque aún quedan pendientes otros recursos de amparo que podrían modificar el desenlace final.
La construcción de la Isla de Valdecañas se inició entre 2006 y 2007 en una zona calificada como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). A pesar de esta clasificación, la Junta de Extremadura otorgó los permisos necesarios para desarrollar el proyecto. Sin embargo, la legalidad del complejo comenzó a cuestionarse cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) anuló en 2011 la autorización de la Junta, ordenando devolver los terrenos a su estado previo a la aprobación urbanística.
Desde entonces, el proyecto ha sido objeto de múltiples litigios que incluyen recursos presentados tanto por la administración autonómica como por los propios propietarios y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo. En 2019, el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional una modificación de la Ley de Suelo impulsada por la Junta de Extremadura que intentaba legalizar la urbanización, abriendo la puerta a su demolición.
La polémica no solo ha sido legal, sino también económica. En 2015, el Tribunal Superior de Justicia solicitó un informe pericial al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para evaluar el impacto medioambiental de la demolición del complejo. El informe concluyó que mantener las edificaciones podría ser hasta diez veces más perjudicial para el entorno natural que demolerlas. Sin embargo, el alto coste económico que supondría derribar las construcciones —calculado en aproximadamente 145 millones de euros entre obras e indemnizaciones— llevó a que, en 2020, el propio tribunal decidiera mantener el resort en pie mientras se evaluaban otras alternativas.
A pesar de estos informes y de la complejidad del proceso, en 2022, el Tribunal Supremo estimó el recurso presentado por Ecologistas en Acción y ordenó la demolición de todo lo construido, incluidas las villas y el hotel, tras considerar ilegal el desarrollo desde sus inicios. La Junta de Extremadura, los ayuntamientos implicados y la comunidad de propietarios interpusieron entonces recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, buscando frenar la ejecución de la sentencia, aunque el TC acaba de rechazar uno de estos recursos, reforzando la obligación de cumplir la demolición.
La Isla de Valdecañas es un proyecto de alto lujo situado a menos de dos horas de Madrid. Su oferta inmobiliaria incluía 180 villas de entre 270 y 300 metros cuadrados, con parcelas de alrededor de 800 m², cinco dormitorios, varios baños y garaje. Además, contaba con un hotel de cuatro estrellas, un club náutico con 76 atraques, una playa artificial y un campo de golf.
Desde su apertura, la urbanización atrajo a la llamada “jet set” española, con la participación de miembros de familias conocidas del ámbito empresarial y político, así como figuras públicas. Entre los compradores se contaban sobrinos de expresidentes y empresarios de renombre, y se ha reportado que cada villa se adquirió por un promedio de más de 500.000 euros. Este factor económico añade complejidad al proceso de demolición, ya que las indemnizaciones para los propietarios y empresas afectadas serían cuantiosas.
La urbanización ofrece a sus residentes e inversores la posibilidad de disfrutar de su tiempo libre con pasatiempos variados: cocinar, ver películas o empezar a jugar en el casino online, sin moverse de su casa.
Reacciones de propietarios y ecologistas
Los propietarios de las viviendas han defendido en múltiples ocasiones que actuaron “de buena fe” y consideran injusta la orden de demolición. En un comunicado reciente, aseguraron que el fallo del TC únicamente afecta al recurso de la Junta de Extremadura y que evaluarán futuras acciones judiciales para intentar preservar sus propiedades. Además, señalaron que la urbanización ha generado prosperidad en la zona, creando empleo y servicios, y citan encuestas que indican que una mayoría de ciudadanos extremeños considera que derribar el complejo podría generar más perjuicios que beneficios ambientales.
Por su parte, Ecologistas en Acción ha insistido en que ya no hay excusas para retrasar la demolición. El colectivo, que ha litigado contra la urbanización durante casi dos décadas, denuncia la “insumisión” de la Junta de Extremadura ante las sentencias judiciales y critica los intentos de modificar leyes y delimitaciones de la Red Natura 2000 para dar cobertura a un proyecto considerado ilegal desde sus inicios. Para ellos, la demolición es un paso necesario para garantizar la protección del medio ambiente y la legalidad administrativa.
Aunque el rechazo del recurso de la Junta por parte del Tribunal Constitucional es un paso significativo hacia la ejecución de la demolición, el desenlace final del caso aún depende de la resolución de los otros recursos de amparo pendientes. La decisión de estos podría afectar parcial o totalmente la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. Mientras tanto, el debate sobre la Isla de Valdecañas continúa polarizando a la opinión pública, enfrentando intereses económicos con cuestiones ambientales y de legalidad urbanística.
La urbanización de Valdecañas ha sido descrita como un caso emblemático que combina polémicas legales, impacto ambiental y presencia de élites económicas. Su demolición no solo implicaría la eliminación de un complejo turístico y residencial, sino también un mensaje sobre la prioridad de la legalidad y la protección ambiental frente a proyectos de alto valor económico, incluso cuando han generado desarrollo y empleo local.
Más allá de los aspectos legales y económicos, el caso de Valdecañas plantea un debate profundo sobre la sostenibilidad y la planificación del territorio. Expertos en medio ambiente han advertido sobre el impacto que la urbanización ha tenido sobre la flora y fauna local, especialmente tratándose de una zona protegida por la Red Natura 2000. La demolición podría significar la recuperación de ecosistemas, mientras que su mantenimiento perpetúa los riesgos ambientales asociados a la urbanización no autorizada inicialmente.
Asimismo, el complejo ha generado un fuerte debate sobre el modelo económico en regiones con problemas de despoblación. Sus defensores argumentan que la isla impulsó inversión y turismo, y que su desaparición podría afectar a la economía local. Este choque entre desarrollo económico y conservación ambiental es central en el caso y ha alimentado la cobertura mediática durante los últimos 15 años.
