Diputación Cáceres recibe 100.000 euros a exhumar fosas comunes en Almoharín y Villamesías

17 junio 2025 | Publicado : 15:06 (17/06/2025) | Actualizado: 22:32 (17/06/2025)

La Diputación de Cáceres ha recibido una ayuda de 100.000 euros del Gobierno de España para realizar trabajos de exhumación de dos fosas comunes en las localidades de Almoharín y Villamesías, en las que se cree que pueda haber unos 25 cuerpos de personas represaliadas del franquismo.

Los trabajos, subvencionados con 50.000 euros en cada municipio, se realizarán en las cercanías de la caseta del peón caminero de la Nacional V en Arroyo Molina, donde se cree que pueda haber enterrados 10 vecinos de Almoharín. En Villamesías se hará una investigación en las fosas de la Guerra Civil que están en el cementerio municipal de la localidad, donde se estima que puedan encontrarse entre 15 y 17 personas.

Los datos los ha dado este martes la directora general de Memoria Histórica del Gobierno de España, Zoraida Hijosa, en una rueda de prensa junto al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el director del Servicio de Memoria Histórica de la diputación, Fernando Ayala; la alcaldesa de Almoharín, Antonia Molina, y Pedro Díaz, un vecino de Santa Amalia que ha investigado los hechos a través de relatos de testigos o familiares.

Hijosa ha explicado que esta subvención estatal forma parte de la inversión que realiza el Gobierno para "localizar, investigar y exhumar" a represaliados del franquismo, y se ha concedido a la Diputación de Cáceres por el "compromiso" que esta institución tiene con la memoria histórica y democrática, por lo que ha anunciado que de cada al nuevo Real Decreto de ayudas para este año, "la Diputación de Cáceres volverá a ser beneficiaria una vez más".

En su intervención, ha añadido que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha acabado el año pasado el primer Plan Estatal de Exhumaciones 2020/2024 "con unos buenos resultados" pues, se han invertido casi 20 millones de euros de dinero público en exhumaciones e identificación de cadáveres por toda España. De estos 20 millones, a Extremadura han llegado 1,4 millones de euros.

Para este 2025, dentro de este plan inversor, el Gobierno ha concedido 1.000.000 euros a la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) para que los reparta "pequeñas subvenciones para ayuntamientos" para realizar trabajos en esta línea.

También, el martes pasado se celebró en Zaragoza el Consejo Territorial de Memoria Democrática, que es el órgano de cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas y ahí se repartieron 3 millones de euros entre todas las comunidades autónomas, de los que a Extremadura han correspondido 186.000 euros.

"Lo más importante es exhumar cuanto antes porque es ya muy urgente, porque la gente se está muriendo, porque ya hijos quedan pocos y los nietos, bueno, pues están pidiéndonos que hagamos este esfuerzo desde el Gobierno de España, desde todas las administraciones públicas para poder exhumar", ha indicado Hijosa.

Con esta financiación estatal, se han desarrollado más de 700 actuaciones en todo el territorio nacional, 60 en Extremadura, y de las 5.900 víctimas que se han exhumado, en la región han sido alrededor de 100.

Tras estos resultados, el Gobierno prepara ya el II Plan de Exhumaciones 2025/2028 "para que no quede ninguna fosa de las que se pueden exhumar, sin exhumar", ha dicho la directora general de Memoria Histórica del Gobierno.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha incidido en la importancia de buscar la "verdad, la reparación y la justicia" de las víctimas y de sus familiares, porque todavía quedan muchas fosas en el país que hay que investigar y recuperar sus cuerpos.

Una de ellas es la mina La Paloma en Zarza la Mayor donde la Diputación de Cáceres, de la mano de la Universidad de Extremadura (UEx), va a comenzar la tercera fase de las excavaciones para recuperar los cuerpos de las personas que fueron arrojadas a la fosa de esta localidad cacereña tras ser asesinadas porque "es fundamental que el Estado de Derecho invierta y trabaje en estos temas, porque creo que al final lo que hacemos es fortalecer el Estado de Derecho y la igualdad de todos los ciudadanos".

Según Morales, "igual que estamos profundamente solidarizados y apoyamos desde todas las instituciones públicas, aquellos que fueron asesinados durante la democracia por la violencia terrorista, también la violencia fascista y la dictadura dejó una secuela de asesinatos y de represión que el Estado de Derecho tiene que reparar si es posible o que se sepa la verdad y la justicia".

En todo este proceso de las localidades de Almoharín y Villamesías, jugará un papel importante Pedro Díaz, un vecino de Santa Amalia que ha investigado los hechos a través de la "memoria heredada de nuestros mayores" que han contado los relatos que le han hecho testigos o familiares que vieron lo que ocurrió. En una carpeta azul que lleva siempre consigo tiene los datos de posibles ubicaciones de estas fosas que ahora serán investigadas.

Pedro ha indicado que ahora "que están empeñados en derogar la ley de Memoria Histórica me han entrado más ganas de seguir investigando". "No, aquí no hay concordia. Yo no puedo estar de acuerdo con eso por muchas razones. Mi padre estuvo en el campo de concentración de Castuera. Tuvo una condena a muerte. Le iban a matar aquí en Mérida, que por último salvó el pellejo pero tuvo que exiliarse a Portugal. Y aún viniendo, le seguían denunciando para que le detuvieran y lo mataran", ha relatado.

"Es un deber moral, un imperativo moral de las instituciones descubrir toda esa gente que está enterrada en las cunetas, en los caminos, y ofrecerles la posibilidad a sus familias de poder, de alguna manera, despedirlos", ha señalado la alcaldesa de Almoharín, Antonia Molina.

LEY EXTREMEÑA

Respecto a la posible derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y la aprobación de una Ley de Concordia, Hijosa ha anunciado que el Gobierno de España va a defender la ley extremeña "que tan bien ha funcionado durante todos estos años, que tanto trabajo nos ha permitido hacer a todas las administraciones públicas".

Así, ha avanzado que, el Gobierno de España, en el caso de que se derogue la ley extremeña llevará el asunto al Tribunal Constitucional, "como ya ha hecho con el resto de leyes de concordia que se están intentando aprobar a lo largo del país, y con la derogación de las leyes de memoria democrática, como la de Aragón o Cantabria".

Hijosa ha recalcado que las leyes de memoria democrática defienden los derechos humanos frente a las leyes de concordia que promueven los gobiernos de "derecha y ultraderecha" en muchas de las comunidades autónomas de España, que "solo les gustan a ellos".

En esta línea, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recalcado que la institución provincial también actuará, "dentro de sus competencias", y se opondrá a la derogación de la ley extremeña. "Usaremos todos los mecanismos a nuestro alcance", ha espetado Morales, que ha defendido la ley extremeña que es "absolutamente justa, digna y acorde con los tiempos y con la reconciliación".