Extremadura
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19 mayo 2025
Unidas por Extremadura ha exigido que las grandes productoras de energía tributen en nuestra región; Irene de Miguel ha señalado que Iberdrola va a hacerse con la nueva central hidroeléctrica que se va a construir en Alcántara, y ha lamentado que el Estado "no se haya planteado la gestión pública".
Para De Miguel, "no hemos entendido nada después del apagón" afirmando que, precisamente, ese cero energético ha demostrado que "un sector estratégico como la energía no puede estar en manos de empresas avariciosas".
Junto con ello, ha asegurado que Iberdrola deja en Extremadura migajas, a pesar de tener instalados más de 5.000 megawatios, destacando que "sin embargo, en el País Vasco, donde está su sede fiscal, deja más 5.000 millones de euros, y solo tiene instalados 500 megawatios".
Por ello, la portavoz de Unidas por Extremadura considera que "ya hay que dar un puño en la mesa", porque la región produce 500 veces más energía de la que consume, "y ninguna de las grandes multinacionales que operan en la región tienen su sede aquí", indicando que hay que empezar a reclamar mayores beneficios para Extremadura.
Además, ha reclamado información sobre los detalles de la nueva central hidroeléctrica, ya que se desconoce el número de años que Iberdrola va a explotarla, así como las condiciones de esa licitación y, ha preguntado que "¿le vamos a volver a regalar la energía? ¿Por cuántos años y a cambio de qué? ¿A cambios de nada?".
De esta forma, ha recalcado que "el pueblo extremeño tiene que levantarse y exigir justicia con nuestra tierra porque sabemos que no lo va a hacer su presidenta, que parece que trabaja para el señor Sánchez Galán para buscarse un sillón en un consejo de administración, como lo han hecho otros compañeros suyos del Partido Popular".
De Miguel ha recordado que su formación ha registrado, precisamente, en la Asamblea varias propuestas en este sentido, ya que, por ejemplo, el pasado viernes Unidas por Extremadura dio a conocer una propuesta para que se planteara la creación de una empresa pública de energía, y también otra en la que solicita que se recupere la gestión de los saltos hidráulicos, cuyas licencias están caducadas, como el del Peña del Águila.
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