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09 enero 2026 | Publicado : 11:55 (09/01/2026) | Actualizado: 15:35 (09/01/2026)
Ep.
Por otro lado, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera ha asegurado que el nuevo modelo de financiación autonómica respeta el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña, tal como afirmó en la víspera el líder de ERC Oriol Junqueras, aunque no se cumple con otras comunidades autónomas.
Este principio indica que las comunidades que aportan más recursos al sistema común son también las que más reciben y quedará garantizado en el caso de Cataluña, según ha garantizado Montero en la rueda de prensa de presentación del nuevo sistema.
"La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio esté presente o no", ha señalado la ministra que indica que el resultado de lo que aportan respecto a lo que reciben "no es homogéneo" para todas las CCAA.
En ese sentido ha explicado que en el momento en que una comunidad decide mantener el 'statu quo', un mecanismo para mantener el volumen de recursos del actual sistema para no salir perjudicado en el nuevo reparto, "se altera el principio de ordinalidad".
"El sistema tiende al principio de ordinalidad, lo que dijo el señor Junqueras para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma", ha indicado en referencia a las declaraciones del líder independentista después de reunirse con el presidente Pedro Sánchez.
Sin embargo, ha apostillado, no se conserva el principio de ordinalidad entre comunidades como Cantabria y Madrid porque la financiación por habitante ajustado de la primera es "superior" a la segunda y si se siguiese esta regla sería al revés.
Ep.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado para el próximo miércoles, 14 de enero, una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de explicar a los Gobiernos autonómicos la propuesta del modelo de financiación autonómica, según han informado a Europa Press fuentes de su departamento.
Montero ha convocado de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera la próxima semana, como le estaban pidiendo diferentes regiones del PSOE y del PP.
Cabe recordar que el Gobierno tiene el 50% de los votos en este Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que necesitaría el apoyo de una única comunidad autónoma para sacar adelante su propuesta en este foro multilateral.
Por eso, el Ejecutivo de la nación espera que el nuevo modelo de financiación autonómica pueda entrar en vigor el año que viene, y ha avanzado que mantendrá próximamente reuniones bilaterales con cada comunidad autónoma para abordar los detalles del sistema antes de aprobarlo en Consejo de Ministros y remitirlo al Congreso.
"Nosotros esperamos que el proceso sea lo suficientemente ágil como para que el modelo pueda entrar en vigor el año que viene", ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa para explicar la propuesta del Ejecutivo para esta reforma.
Así, tras la reunión del próximo miércoles, 14 de enero, en la que Montero prevé discutir e intentar consensuar con las comunidades autónomas su propuesta, Hacienda mantendrá reuniones bilaterales técnicas con cada gobierno autonómico para abordar el desglose del conjunto del modelo.
"En estas reuniones bilaterales podremos mantener reuniones técnicas que permitan que las comunidades autónomas nos sugieran mejoras o beneficios que entiendan que se puedan incorporar al conjunto del modelo", ha indicado la titular de Hacienda.
Montero ha recordado que en etapas anteriores se ha constatado la disparidad de posiciones entre comunidades autónomas del mismo signo político, por lo que ha instado al Partido Popular a establecer una "posición única" en cuanto a este tema.
"Lo que no me vale es que el señor Mañueco ponga una propuesta que es contradictoria con la del señor Moreno Bonilla", ha criticado la ministra.
A la ministra le parecería "difícil" que los grupos parlamentarios, especialmente el Partido Popular, puedan decir que no a este modelo de financiación, ya que el 70% de los recursos que incorpora el sistema van a comunidades gobernadas por el PP.
En cualquier caso, Montero ha recalcado que, si al Partido Popular no le gusta el sistema que plantea el Gobierno, desde el Ejecutivo estarían dispuestos a discutir la propuesta que ponga encima de la mesa.
En cuanto a Junts y a su reclamo para establecer un "cupo catalán", Montero ha defendido que con esta reforma que se presenta se "avanza mucho en muchas aspiraciones de autogobierno y de mayores recursos" que solicita el grupo independentista.
Tras las reuniones con las comunidades, el Gobierno sacará a audiencia pública la ley orgánica y, posteriormente, en segunda vuelta, la volverá a aprobar el Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados, donde espera contar con apoyo de la Cámara.
ELEVAR EL PORCENTAJE DE CESIÓN A CCAA DEL IRPF E IVA
El Gobierno ha planteado su propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica que incrementa el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, por lo que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha sido la encargada de presentar este viernes en rueda de prensa la propuesta del Gobierno para la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica, un asunto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez comprometió al inicio de la legislatura.
"El Ejecutivo asume su responsabilidad y entiende que no hay mejor manera de defender el Estado del Bienestar que reformulando un modelo de financiación que tiene ya 17 años", ha explicado la titular de Hacienda.
El punto de partida se basa en la idea de diseñar un sistema que incremente los recursos autonómicos para blindar el Estado del bienestar, que refuerce la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, que garantice la solidaridad interterritorial, que respete la singularidad territorial y que sea más transparente y sencillo.
Según Montero, la complejidad radica en que este modelo de financiación tiene que ser útil y adaptarse a comunidades autónomas que son muy distintas entre sí.
"Por tanto, no puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica", ha remarcado la ministra.
REFORMULA EL CÁLCULO DE POBLACIÓN AJUSTADA
En primer lugar, el Gobierno ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación.
La configuración de la población ajustada tiene algunas variaciones sobre la situación vigente. Así, los criterios que se tienen en cuenta son la población padrón, una de las variables más relevantes que supone el 30% de la ponderación de población ajustada.
Por su parte, se tiene en cuenta la población protegida equivalente al 38%, que determina en mayor medida el gasto sanitario, que es la partida presupuestaria más elevada en las comunidades autónomas y, por tanto, la que tiene un mayor peso a la hora de determinar los recursos.
Esta población protegida equivalente en este momento del actual modelo cuenta con siete grupos y con la propuesta que pone el Gobierno sobre la mesa se amplía a 20 grupos de edad, "aproximando mejor los costes sanitarios en función de las necesidades de los beneficiarios", según Montero.
En relación con la educación, para determinar el gasto educativo se ha tenido en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años, y esta ponderación alcanza un 17%. Y además se introducen dos nuevos criterios en este apartado de educación, como son el número de habitantes entre 18 y 24 años que están cursando estudios universitarios o están cursando formación profesional y también el número de alumnos universitarios que se trasladan desde otras comunidades para estudiar, de manera que se reconoce el coste que supone que una comunidad acoja a estudiantes de otras regiones en su sistema educativo. Estas variables van a sumar una ponderación del 3,5%.
En el ámbito de servicios sociales, se tiene en cuenta la población mayor de 65 años, que requiere de un uso intensivo e importante de servicios que se vinculan, por ejemplo, a la dependencia. La novedad es que se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y, por otro lado, los mayores de 80 años. La ponderación de esta variable alcanza el 7%.
Y otra novedad que se incorpora también al modelo con un peso del 1,5% es el número de parados sin prestación social.
Junto a estas grandes áreas que determinan población ajustada, (sanidad, educación y servicios sociales), también se incluyen otros elementos que impactan en el coste de la prestación de los servicios. Uno de ellos es la superficie. En este caso, kilómetros cuadrados de cada comunidad que suponen un 1,6% de la ponderación.
