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18 junio 2026 | Publicado : 12:06 (18/06/2026) | Actualizado: 13:06 (18/06/2026)
La Junta de Extremadura endurece los controles sobre las derivaciones de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) remitidas por el Gobierno central tras "detectar" un patrón que considera "especialmente preocupante" para el sistema de protección de menores.
En concreto, el vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha informado de que desde el año 2023 un total de 73 personas que inicialmente accedieron a España siendo consideradas mayores de edad pasaron posteriormente a integrarse en el sistema de protección de menores tras manifestar que eran menores, una situación que, según ha explicado, ha supuesto un coste cercano a cuatro millones de euros para las arcas públicas extremeñas.
Y es que para el Ejecutivo autonómico, estos casos "evidencian la necesidad de reforzar" los mecanismos de comprobación antes de consolidar el ingreso de una persona en el sistema de protección de menores, especialmente en un contexto de incremento continuado de las derivaciones obligatorias ordenadas por el Gobierno nacional.
PRUEBAS FORENSES PARA ACREDITAR LA EDAD REAL
De este modo, como primera medida, la Consejería solicitará pruebas forenses de determinación de edad siempre que existan dudas razonables sobre la edad declarada por las personas derivadas a Extremadura.
En este caso, Fernández Calle ha explicado que esta instrucción ya se está aplicando y que la Junta de Extremadura ha solicitado a la Fiscalía la práctica de estas pruebas en cinco expedientes.
Así, tal y como ha avanzado, si el resultado acredita que la persona es mayor de edad, dejará de formar parte del sistema autonómico de protección de menores, al no reunir los requisitos legales para permanecer en él, según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.
RESPUESTA JURÍDICA FRENTE A LAS DERIVACIONES OBLIGATORIAS
En esta línea, la Junta también analizará cada nuevo expediente de las derivaciones recibidas por parte del Gobierno central, de forma que los servicios jurídicos de la Consejería interpondrán los recursos administrativos y contencioso-administrativos que consideren oportunos cuando entiendan que las derivaciones no se ajusten al ordenamiento jurídico o comprometen la capacidad del sistema extremeño de protección de menores.
Para ello, el vicepresidente ha defendido que el Gobierno regional utilizará "todas las vías legales disponibles" para defender los intereses de Extremadura y exigir que las derivaciones se ajusten a la legislación vigente.
CONTROL INDIVIDUALIZADO DE LOS EXPEDIENTES
De igual forma, se revisarán de forma individualizada cada expediente para comprobar si existen familiares o personas de referencia que puedan asumir la atención del menor, tal y como contempla la normativa de protección de la infancia.
Según Fernández Calle, el objetivo es garantizar que el sistema atienda exclusivamente a quienes realmente tienen derecho a esa protección y preservar unos recursos públicos que se encuentran sometidos a una presión creciente.
UN SISTEMA CADA VEZ MÁS TENSIONADO
Por último, el vicepresidente ha advertido de que el incremento constante de derivaciones está elevando la presión sobre el sistema extremeño de protección de menores y ha alertado de que, si continúa el ritmo actual de llegadas, la capacidad disponible podría agotarse en las próximas semanas.
Actualmente, Extremadura tutela a 106 menores extranjeros no acompañados, una cifra que previsiblemente ascenderá a 113 con la llegada de otros siete menores derivados por el Gobierno de España.
Además, según la Junta, solo durante los últimos diez días, el Ejecutivo central ha comunicado la incorporación de trece nuevos menores al sistema autonómico.
