CSIF pide reconocimiento a trabajadores de prisiones como agentes de la autoridad

Durante la reunión, han tratado el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a los trabajadores penitenciarios, de los que hay unos 900 en la comunidad autónoma.

Al encuentro han asistido por parte de CSIF Extremadura el presidente del sector de Administración General del Estado (AGE), Alonso Torres, el delegado de CSIF en el Centro Penitenciario de Cáceres Pedro Domínguez y el delegado de CSIF en el Centro Penitenciario de Badajoz Carlos Galindo; y por parte del PP los diputados nacionales Cristina Teniente y Antonio Cavacasillas.

La reunión ha tenido lugar en el un marco de los encuentros que a nivel nacional está manteniendo CSIF con los grupos políticos con representación parlamentaria, a quienes la organización sindical quiere transmitir la "urgente" necesidad de "sacar del cajón" y reactivar sus proposiciones de ley relativas a la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria "que llevan dormidas demasiado tiempo".

Concretamente, CSIF exige el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad, identificación del personal penitenciario, principio de veracidad, de defensa jurídica y principio de indemnidad.

Según Alonso Torres, se trata de reforzar la seguridad de los trabajadores de Prisiones que, "de manera incomprensible, a día de la fecha con la actual normativa no se puede garantizar, y por tanto requiere de un importante, valiente y comprometido compromiso del Legislativo".

En este mismo sentido, la organización sindical ha solicitado reunirse a la mayor brevedad con diputados en el Congreso del PSOE y de VOX.

AGRESIÓN EN CÁCERES

Alonso Torres ha subrayado una reciente sentencia favorable a una demanda que el Gabinete Jurídico de CSIF Extremadura interpuso en su momento por la agresión de un interno a dos funcionarios de prisiones.

Los hechos se produjeron en el año 2021, cuando un recluso causó "serias lesiones" a dos trabajadores del Centro Penitenciario de Cáceres.

En 2023, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres dictó sentencia condenando al interno por un delito de atentado a agente de la autoridad y dos delitos de lesiones, a nueve meses de prisión y multa por la responsabilidad civil.

Este fallo fue recurrido, pero, recientemente, una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha condenado de forma subsidiaria a la Administración a hacerse cargo del pago de la responsabilidad civil e indemnizar al trabajador defendido por CSIF y también al abono de las costas procesales.

Con la modificación legislativa que reclama CSIF, además de garantizar en mayor medida la seguridad del personal penitenciario, el procedimiento sería "mucho más sencillo" y resultaría "más rápida y efectiva" cualquier condena e indemnización a la que hubiera lugar.

SE NECESITAN MÁS RECURSOS

Otras de las reivindicaciones de CSIF para este colectivo de trabajadores pasan por la concesión de más recursos materiales y humanos.

En este sentido, Alonso Torres ha emplazado a los diputados del PP a intermediar para que se adopten "más y mayores medidas" en las cárceles tendentes a reducir el número de agresiones, completar las plantillas y "solucionar de una vez el grave déficit" de la Sanidad Penitenciaria, con la "grave falta de médicos y enfermeros".

Asimismo, CSIF reclama formación específica y universal para todos los trabajadores del sector, actualizar el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones (PEAFA) y la equiparación salarial con las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, País Vasco y Cataluña.