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Extremadura
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01 julio 2025
UGT Servicios Públicos Extremadura ha celebrado que "por fin" el Consejo de Ministros haya aprobado la subida salarial del 0,5 por ciento adicional adeudado a los empleados públicos correspondiente al año 2024, y ha pedido su "aplicación inmediata" en Extremadura.
Así pues, y aunque la federación sindical valora la aprobación de esta medida, critica que "llega con mucho retraso", ya que esta subida salarial debería haberse abonado en enero a todos los empleados públicos, ya que según recuerda, este incremento forma parte del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado por UGT y CC.OO, que ha supuesto una subida global del 9,5 por ciento entre 2022 y 2024.
Sin embargo, UGT-SP Extremadura lamenta que "no se contemple aún la subida salarial para 2025", por lo que de esta forma se deja "en el aire la previsión de incrementos que permitan continuar avanzando en la mejora de las condiciones económicas de las y los empleados públicos", señala el sindicato en una nota de prensa.
Además, apunta que "quedan pendientes cuestiones clave" recogidas en el acuerdo que necesitan desarrollarse, entre las que cita la jubilación parcial para el personal funcionario, la clasificación profesional y la implantación de la jornada de 35 horas semanales, entre otras medidas urgentes.
Igualmente, UGT-SP Extremadura insta a la Junta de Extremadura a que una vez aprobada por el Consejo de Ministros, esta medida "se aplique de forma inmediata a los empleados públicos de la Junta de Extremadura, evitando más demoras injustificadas".
También reclama a la Junta de Extremadura el cumplimiento del compromiso adquirido en la Mesa General de Negociación, "activando sin más dilaciones el grupo de trabajo para acordar un plan de retribuciones que beneficie al conjunto de los empleados públicos extremeños".
Según señala, las retribuciones en Extremadura son las más bajas de todas las comunidades autónomas, por lo que "resulta imprescindible avanzar en la igualdad salarial entre sectores y en la equiparación a la media de las Comunidades Autónomas", ya que la pérdida de poder adquisitivo sufrida desde los recortes de 2010 y los años posteriores de congelación salarial "exige la negociación de un nuevo acuerdo estatal plurianual, que permita compensar las pérdidas acumuladas y dignificar las condiciones laborales de quienes sostienen los servicios públicos", ha concluido.
