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Concretamente, la formación instaba a la Junta a promover la realización de consultas ciudadanas en las comarcas afectadas por la instalación de proyectos mineros, así como a denegar los permisos de investigación y explotación a empresas con sanciones graves e incumplimientos de normativa.

Así, Unidas se ha quedado sólo en su petición, toda vez que ha recibido el voto en contra del PP, del PSOE y de Vox.

En concreto, en defensa de la iniciativa de su grupo, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha advertido de que Extremadura "se va a convertir en una colonia minera con la excusa del rearme, la transición energética y el desarrollo tecnológico", y ha lamentado la "amenaza" que suponen para la comunidad los 147 permisos de investigación mineros vigentes o en trámite.

"Me preocupa porque existe una increíble falta de ordenación, de planificación y de garantías para evitar que estos proyectos mineros acaben expulsando a los extremeños de su tierra", ha reconocido De Miguel, quien ha criticado los "efectos perjudiciales graves" que tiene la minería, y ha considerado "impensable" que se puedan abrir a pocos kilómetros de ciudades como Cáceres, por ejemplo.

"Es increíble que atendiendo solamente a la normativa, a la legalidad podamos permitir que estos proyectos se pongan en marcha", ha espetado, en alusión a la ley "franquista" en materia minera existente a nivel nacional.

En este sentido, ha argumentado que "la minería no es un modelo de desarrollo deseable, porque no genera empleo, y genera contaminación, problemas de salud y una absoluta desestructuración social sobre todo cuando se cierran".

Tras indicar así que Unidas por Extremadura no pide la prohibición de proyectos mineros en la región, ha defendido la necesidad de que atendiendo al Estatuto de Autonomía se hagan consultas ciudadanas en todos los municipios afectados por proyectos mineros "para que el futuro de Extremadura no se decida en un despacho en Bruselas, o en un despacho de un fondo de inversión de Australia, de Canadá o de EEUU".

"Hay una mayoría social que está preocupada", ha advertido Irene de Miguel, quien ha defendido la importancia de que los territorios "puedan decidir y tener voz" sobre los proyectos mineros proyectados en los mismos.

Ha insistido al respecto en que "la gente debe poder decidir sobre su futuro con total transparencia y con total información"; y ha pedido "transparencia y sostenibilidad" en proyectos de empresas extractivas en materia minera con sanciones graves e incumplimientos de normativa, tal y como según ha dicho exige la Unión Europea.

"O ponemos pie en pared y defendemos Extremadura o nuestra tierra va a quedar ultrajada por los buitres que han puesto sus ojos en ella", ha advertido. "Al menos preguntemos a la ciudadanía qué es lo que quiere para su tierra", ha subrayado.

PP

Mientras, el diputado del PP Bibiano Serrano ha considerado una "barbaridad" que Unidas por Extremadura reclama que, incluso cumpliendo la ley, se denieguen los permisos de proyectos mineros, ha dicho; y ha pedido a dicho grupo de izquierda que deje de "meter miedo" con los proyectos mineros.

"No hay minas buenas ni malas. Los proyectos se tienen que adaptar, y tienen que dejar de meter miedo a las comarcas, a los alcaldes y a las gentes de los pueblos sin motivo y sin razones... porque no hay motivos para alarmar a nadie", ha espetado el 'popular', quien ha defendido que en Extremadura "la legalidad se cumple y si los proyectos cumplen aún cumpliendo se pueden adaptar a lo que piden los alcaldes".

En este sentido, Serrano ha subrayado que no se pueden denegar permisos de investigación si los proyectos cumplen con la ley. "¿Cómo vamos a denegar permisos de investigación? El Gobierno de Guardiola cumple escrupulosamente la ley y si hay una DIA que es positiva" no se puede impedir un permiso de investigación, ha remarcado.

Al respecto, ha considerado "contradictorios" también los argumentos de Unidas por Extremadura esgrimidos para solicitar consultas en los pueblos con proyectos mineros, ya que eso a su juicio no casa con el planteamiento del grupo de izquierda de que "Extremadura tiene que aprovechar la transición ecológica y energética para salir del atraso secular".

Además, ha considerado que la propuesta de Unidas parte también de una idea "falsa" porque "el mundo no está abocado al agotamiento de los combustibles fósiles"; y ha invitado a los grupos de izquierda a plantear una consulta en Campo Arañuelo para ver lo que se piensa allí sobre el posible cierre de la Central Nuclear de Almaraz.

PSOE

A su vez, el diputado del PSOE Valerio Rodríguez Casero ha considerado que la propuesta de Unidas por Extremadura "es ilegal" porque "no se pueden denegar permisos de investigación" de proyectos mineros que cumplen las "leyes garantistas" existentes a nivel nacional y europeo.

"Entendemos la necesidad de defender y preservar el patrimonio natural, pero la propuesta de impulso (de Unidas por Extremadura) en su punto primero es ilegal, porque no se pueden denegar los permisos de investigación... Existen leyes garantistas a nivel nacional y europeo que hay que cumplir, y no se pueden promover consultas vinculantes para avanzar en el desarrollo industrial", ha espetado.

En este sentido, ha apuntado que para el PSOE "lo que hay que hacer es permitir el desarrollo de la región, garantizar el patrimonio natural y por supuesto cumplir la legislación vigente".

Así, ha defendido que el Gobierno regional debe mantener la compatibilidad entre el desarrollo de la región y el mantenimiento del patrimonio natural y del medio ambiente.

"No podemos quitar a la región la posibilidad de liderar un cambio industrial, pero no puede haber ni un solo proyecto en la región que no sea medioambientalmente sostenible", ha incidido; al tiempo que ha pedido al Gobierno regional que trabaje en proyectos industriales asociados a recursos naturales como por ejemplo el litio que sean "atractivos" para empresas de la región.

VOX

De su lado, el diputado de Vox Juan José García García ha considerado que la propuesta de Unidas "es un ejercicio de demagogia" que "busca activamente condenar a la comunidad al atraso secular" con un "discurso del miedo" ante proyectos mineros que están sometidos actualmente, ha dicho, a una "estricta" normativa medioambiental europea.

"Nos hablan de una Extremadura en el punto de mira de los inversores como si fuera una amenaza cuando eso es bueno", ha reprochado García a Unidas por Extremadura, un grupo que ha considerado que "es una profundización en el subdesarrollo de Extremadura".

Ha criticado, en este sentido, la "manera insultante y derrotista de Unidas por Extremadura de ver el potencial de los extremeños" con su "no" a la sanidad privada, a las universidades privadas y su "pánico a la inversión", además de a la minería del litio y materias raras que, a su juicio, suponen realmente una "oportunidad" para la comunidad.

De este modo, García ha defendido que "si el Gobierno regional diese su espalda a la minería sería una negligencia histórica"; y ha rechazado las consultas ciudadanas que reclama Unidas por Extremadura con el argumento de que los proyectos mineros deben contar de forma previa a su puesta en marcha con las pertinentes declaraciones de impacto ambiental elaboradas por técnicos.