Junta trabaja para no perder más de 2.100 plazas residenciales por 'Acuerdo Belarra'

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La directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Estrella Martínez, ha asegurado que la Junta está trabajando para que la región no pierda más de 2.100 plazas residenciales por la aplicación del 'Acuerdo Belarra' de acreditación.

Martínez, en declaraciones a los medios antes de comparecer este viernes en la Comisión de Salud en la Asamblea, ha recordado que en el año 2022 el Gobierno nacional aprobó el acuerdo de acreditación de plazas conocido como 'Acuerdo Belarra' por el apellido de la entonces ministra Ione Belarra.

Así, en un primer momento, como ha dicho Martínez, el anterior consejero responsable, el socialista José María Vergeles, rechazó firmar el acuerdo porque entendía que era necesario hacer un estudio económico para ver qué iba a suponer para Extremadura el mismo.

"En algún momento, entendemos que el señor Vergeles debió recibir alguna llamada de su responsable nacional, porque en segunda vuelta, sin ese estudio económico, sin ningún informe técnico, firmó el acuerdo e hizo que Extremadura se acogiera al acuerdo Belarra", ha criticado.

PETICIÓN DE ESTUDIO A LA UEx

Así, y cuando tras las elecciones de 2023 hubo un cambio en el gobierno de la Junta, la directora del Sepad ha explicado que el nuevo Ejecutivo regional necesitaba conocer cuál era la hoja de ruta, ya que el primero de los requerimientos del acuerdo era crear una normativa en nueve meses, plazo que cumplía en marzo de 2023 y al que se llegó sin tener la misma.

Teniendo en cuenta esto y sabiendo lo que podía llegar a implicar la aplicación de este acuerdo para Extremadura, ha dicho que se necesitaba la información de un agente externo que ayudara a evaluar cómo se podía llevar a cabo el cambio, por lo que se encargó un estudio a la Universidad de Extremadura (UEx) y en estos días se ha recibido el resultado que, aunque se preveía, la Junta no imaginaba el "calibre" que podía tener, según ha explicado.

"La irresponsabilidad del señor Vergeles supone una pérdida de 2.122 plazas residenciales para Extremadura. El Gobierno actual de la presidenta María Guardiola trabajará para que esto no suceda. Pero tengan en cuenta que no se puede hablar de una nueva normativa, de una diferencia de 30 años en la normativa, sin haber un mínimo estudio y una mínima hoja de ruta para firmar ese cambio", ha aseverado.

En esta línea, la directora gerente del Sepad ha aludido a que la diferencia entre la normativa existente y el 'Acuerdo Belarra" es "tremenda" y las nuevas condiciones que este acuerdo plantea supone que Extremadura tenga que "perder 2.122 plazas".

"Que por supuesto no vamos a perder desde este gobierno, pero que el anterior consejero, el señor Vergeles, firmó en un ejercicio de irresponsabilidad absoluta y nos puso en un camino realmente complejo", ha replicado.

De esta forma, Martínez ha reclamado al Gobierno de España un aumento de la financiación para la dependencia, ya que entiende que este acuerdo también necesita una aportación económica mayor.

HITOS CONSEGUIDOS

Martínez ha abordado también algunos de los hitos conseguidos por el Sepad durante el gobierno de María Guardiola, de los que, como ha dicho, se puede estar "muy orgullosos".

Entre ellos, se encuentra la apertura del Centro de Atención a la Discapacidad de Mérida, con dos equipos para hacer frente a una situación "tan dramática" como la que se encontró el nuevo Ejecutivo regional en 2023 con "20.000 expedientes sin atender".

"20.000 vidas aparcadas, cuatro años de lista de espera en Badajoz y dos años de lista de espera en Cáceres", ha señalado la directora gerente del Sepad, quien ha resaltado que para hacer frente a esta situación no solo se ha creado el Cadex de Mérida.

Así, también se cuenta con una unidad de valoración de la discapacidad nueva, una nueva sección de valoración que pretende coordinar los distintos Cadex que hay en el territorio y se ha actualizado normativa y protocolos.

Otro hito que Martínez ha reseñado ha sido los primeros conciertos sociales a principios de este año, que suponen 168 millones de euros en tres años para las entidades que se dedican al servicio de la discapacidad y que aporta estabilidad a las mismas.

Estos conciertos afectan a los servicios de atención temprana, habilitación funcional, centro de día y centro ocupacional. Del mismo modo, en este tiempo la Junta ha fomentado la desinstitucionalización y está apoyando económicamente el proyecto Mi Casa de Plena Inclusión.

Se trata de unos pisos localizados en Montijo, Don Benito y Villafranca de los Barros y cuya financiación por parte de Gobierno nacional terminaba a 31 de diciembre de 2024.

Esto suponía que los usuarios de estos recursos tenían que volver a ser institucionalizados, bien en centros sociosanitarios o residenciales, por lo que la Junta apostó entonces por mantener financiados estos pisos.

También ha mostrado su orgullo por los datos de listas de espera en dependencia, donde Extremadura lleva 22 meses consecutivos bajando los tiempos desde que una persona solicita la valoración hasta que recibe la ayuda, la prestación económica o el servicio.

"Actualmente estamos en 269 días, hemos bajado 69 días desde nuestra llegada y alcanzamos hitos históricos en el número de personas beneficiarias de prestaciones y en el número de prestaciones que alcanzan los 4.770 prestaciones más, que son tanto prestaciones económicas como servicios, centros residenciales, centros de día, etc", ha dicho.

También se ha detenido Estrella Martínez en que la Junta ha inyectado a los ayuntamientos 8,7 millones de euros para la atención a la dependencia en los municipios, además de avanzar en la digitalización como el acceso al sistema Jara.