Extremadura no acepta el chantaje que el Gobierno pretende con su Plan Estatal de Vivienda

Rd/Ep

La Junta de Extremadura considera un chantaje la propuesta del Gobierno central con su Plan Estatal de Vivienda tras la reunión de este lunes del Ministerio de Vivienda con las comunidades autónomas, queriendo que las autonomías acepten una financiación en la que deben incrementar notablemente su aportación al Plan, cuando el Ministerio no ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta, ni un borrador de decreto, ni tampoco un desarrollo de las iniciativas.

Según el Ejecutivo Regional, el Gobierno no pretende buscar un acuerdo multilateral en esta materia, sino que está intentando dividir a las comunidades autónomas, queriendo generar también en esta materia una España de varias velocidades, sin un criterio de igualdad, tal y como está haciendo con la financiación autonómica, alcanzando acuerdos únicamente con autonomías afines.

A este respecto, la Junta subraya que no va a aceptar ningún saqueo en materia de vivienda, como se está haciendo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez con regiones como Cataluña a la hora de pactar la financiación autonómica.

De esta forma, el Ejecutivo extremeño manifiesta su más absoluto rechazo al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026¿2030, al considerarlo una maniobra opaca y arbitraria, que ahonda en la división entre territorios y rompe el principio de equidad en el acceso a políticas públicas fundamentales como es el derecho a la vivienda.

DOCUMENTO AUSENTE DE TRANSPARENCIA Y REPARTO Y GARANTÍA JUSTOS

La Junta señala que el documento remitido a las comunidades autónomas se presenta como un acuerdo de planificación, pero en realidad se limita a imponer una estructura cerrada, sin mecanismos reales de cogobernanza, ni criterios transparentes de reparto ni garantías de corresponsabilidad justa.

El Plan exige a las comunidades una cofinanciación del 40 por ciento, sin detallar en qué condiciones, con qué criterios o bajo qué límites se evaluará el cumplimiento de objetivos. Todo ello, condicionado a convenios individualizados que permiten al Gobierno central discriminar y premiar según afinidades políticas.

Para la Junta, especialmente grave resulta la inclusión de cláusulas que permiten incrementar las ayudas sólo en las denominadas 'zonas tensionadas'. Esta fórmula abre la puerta a un modelo discrecional, desigual y profundamente injusto, que deja fuera a comunidades como Extremadura, que enfrentan grandes retos de acceso a la vivienda en el medio rural, sin ser consideradas 'zonas tensionadas' según los parámetros del Gobierno.

El Gobierno Regional no está dispuesto a asumir un chantaje político disfrazado de un supuesto acuerdo por la vivienda, que pone en riesgo nuestra autonomía y nuestras competencias para desarrollar políticas de vivienda adaptadas a nuestra realidad social, económica y territorial.

Según la Junta, el Ejecutivo central vuelve a caer en el mismo patrón que ya ha aplicado en financiación autonómica y en la condonación de deuda: premiar a quienes le sostienen políticamente y castigar a quienes defienden un modelo de país basado en la igualdad de oportunidades y la solidaridad entre territorios Extremadura exige un Plan Estatal de Vivienda que respete la diversidad territorial, garantice la igualdad real de acceso a los recursos públicos y se articule, a través de una gobernanza compartida, clara y transparente.

Y, el Ejecutivo Extremeño ha reiterado que no acepta imposiciones ni discriminaciones encubiertas, bajo fórmulas técnicas, que solo buscan consolidar una política clientelar.

PLANTEAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha reunido a las comunidad autónomas para exponer los cinco objetivos que vertebrarán el nuevo Plan Estatal de Vivienda para los años 2026-2030 consecuente del Acuerdo por la Vivienda que planteó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la XXVIII Conferencia de Presidentes de Barcelona.

Estos cinco objetivos suponen construir más vivienda pública; mejorar el parque de vivienda ya existente desde el punto de vista de la eficiencia energética y la accesibilidad; adelantar la edad de emancipación de los jóvenes; reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la vivienda por parte de la ciudadanía y revertir las zonas de mercado tensionado de vivienda.

La reunión ha estado presidida por David Lucas, acompañado por el director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín; la directora general de Planificación y Evaluación, Ana Berenguer, y el secretario general técnico, Pablo Torres.

Durante el encuentro, el Departamento liderado por Isabel Rodríguez ha subrayado que para avanzar en la concreción del nuevo Plan Estatal es "imprescindible" que las comunidades asuman los tres compromisos previos que les planteó Sánchez y que suponen una mayor implicación en la cofinanciación de las políticas públicas de vivienda para triplicar la inversión, blindar de forma permanente la protección de las viviendas financiadas con fondos públicos y aumentar la transparencia en los datos.