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La Junta esperará a que la Justicia se pronuncie
01 octubre 2025 | Publicado : 16:25 (01/10/2025) | Actualizado: 17:06 (01/10/2025)
Ep.
Por su parte, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha expuesto que respetan la decisión de la Justicia y van a esperar a que el juez se pronuncie en relación a la gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia en Badajoz, Inmaculada Sánchez Polo, investigada por supuestos delitos de fraude y otros ilícitos económicos.
"Nosotros respetamos 100 por cien a las decisiones de la justicia", ha indicado García Espada en declaraciones a los medios de comunicación en la capital pacense, preguntada por el procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Badajoz tras admitir a trámite una querella presentada por un empresario, socio mayoritario de las sociedades Clínica Extremeña de Salud S.L. y CESA Asistencia Sanitaria S.L, según publica Cadena Ser y recoge Europa Press.
En este sentido e interpelada por las posibles medidas a adoptar desde la consejería y si desde esta última tenían conocimiento de ello, ha abundado en que esperan que la justicia dictamine "en tiempo y forma lo que ellos consideren" y ellos a su vez respetarán. "Vamos a darle tiempo y a ver qué consideran", ha dicho.
"Parece que es un procedimiento que inicia hace años y que ahora continúa. Respetamos la decisión de la justicia y vamos a esperar a que se pronuncie el juez", ha aseverado, para concluir sobre si mientras se mantendrá en el cargo que "por el momento" van a esperar a que la justicia se pronuncie.
La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha exigido este miércoles "explicaciones claras y razonadas" a la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, sobre la situación de la gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) en Badajoz, Inmaculada Sánchez Polo, investigada por supuestos delitos de fraude y otros ilícitos económicos, además de una posible incompatibilidad para desempeñar el cargo.
Así lo ha indicado la dirigente socialista en declaraciones a los medios de comunicación en Mérida, ante los cuales ha recordado que una de las primeras decisiones de la presidenta extremeña, María Guardiola, fue suprimir la comisión parlamentaria que "debía velar por la transparencia de los nombramientos públicos, precisamente para evitar casos de incompatibilidad y garantizar el interés general".
"Hoy se demuestra que aquella decisión buscaba ocultar y blindar nombramientos cuestionables", ha subrayado la diputada socialista, quien ha exigido a la consejera de Salud, Sara García Espada, que dé "explicaciones claras y razonadas sobre esta situación y sobre la continuidad de la responsable del SEPAD en su puesto", según informa el PSOE en una nota de prensa.
"CAOS" EN EL SEPAD Y LA CONSEJERÍA
Gil Rosiña ha criticado el "desastre manifiesto" en la gestión del SEPAD y de la Consejería de Salud "en su conjunto", de modo que se ha referido a que los trabajadores de las residencias dependientes de este organismo no han cobrado la nómina de agosto, ni los trienios, ni las horas extra, ni la nocturnidad.
A ello, se suma el incumplimiento de la promesa realizada a las enfermeras del SEPAD en julio, cuando la Junta de Extremadura se comprometió a aplicar una subida salarial que todavía no se ha producido.
"Estamos ante una gestión caótica, que recuerda lo sucedido con el transporte escolar. El SEPAD es hoy la casa de los líos, y la Consejería de Salud incapaz de dar respuestas a trabajadores y usuarios", ha asegurado.
PRIVATIZACIÓN DE LA TELEASISTENCIA
La portavoz socialista ha mostrado especial preocupación por la decisión del Gobierno extremeño de "privatizar" el servicio de teleasistencia avanzada para personas mayores dependientes de grado 3, un recurso "esencial" que hasta ahora gestionaba la Cruz Roja en Extremadura.
"El cuidado de los más vulnerables, nuestros mayores, se pone en manos de una licitación de cinco millones de euros que no ha sido resuelta a tiempo", ha señalado.
Según sus palabras, el contrato debía entrar en vigor este miércoles, 1 de octubre, pero la "falta de resolución ha obligado a que la Cruz Roja siga prestando provisionalmente el servicio", mientras la atención a 8.000 personas dependientes "queda en el aire".
De este modo, Gil Rosiña ha insistido en que el Gobierno del PP "ha demostrado su incapacidad administrativa para gestionar, pero sí mantiene clara una hoja de ruta, la privatización y el deterioro de los servicios públicos".
A este respecto, la socialista ha recordado que los actuales responsables del SEPAD y del Servicio Extremeño de Salud "provienen de la gestión de la sanidad y la dependencia en el ámbito privado", lo que explica, a juicio de los socialistas, la "política actual de recortes y externalizaciones".
Por tanto, "frente a la seguridad y las garantías que ofrecieron siempre los gobiernos socialistas, el PP está destrozando en apenas dos años un sistema público de sanidad y dependencia que costó mucho construir en Extremadura. Y lo está haciendo a costa de los trabajadores, de los usuarios y de nuestros mayores dependientes", ha concluido Gil Rosiña.
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