Extremadura
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24 julio 2025
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura, ha advertido de la alta tasa de temporalidad en el empleo público en la región, que se sitúa en el 33,4 por ciento, según se recoge en la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre.
Según CSIF, la última EPA contabiliza 430.900 empleados en las administraciones públicas de la región en el segundo trimestre del año, de los que un 36.900 eran contratos temporales, lo que "sitúa la temporalidad del empleo público en el 33,4%, un porcentaje incluso ligeramente superior al 33% registrado el primer trimestre del año".
La organización sindical lamenta además que "la temporalidad del empleo público en Extremadura supera la media nacional", ya que mientras en el conjunto de España un 27,8 por ciento de los trabajadores públicos tienen contratos temporales, en Extremadura ese porcentaje se incrementa en casi seis puntos.
Además, teniendo en cuenta que la temporalidad en el sector privado en Extremadura se sitúa en el 17,3 por ciento, el hecho de que una tercera parte de los trabajadores públicos de la región tengan contratos temporales "evidencia que quedan cuestiones por mejorar en cuanto a condiciones laborales en el ámbito de la Función Pública".
OFERTAS DE EMPLEO REALISTAS
Por este motivo, CSIF Extremadura reclama a todas las administraciones públicas que realicen "un estudio concienzudo de las necesidades de las plantillas en todos los sectores para lanzar ofertas de empleo realistas y que vayan encaminadas a cumplir con el objetivo de reducir la temporalidad en el empleo público al 8 por ciento".
En este sentido, CSIF señala que ya ha mostrado a nivel nacional su rechazo a la Oferta de Empleo Público en la Administración General del Estado para 2025 porque las plazas 36.588 plazas anunciadas, además de suponer 3.558 menos que el año pasado "son insuficientes para cubrir las pérdidas acumuladas en la Administración estatal en los últimos años".
Esta oferta "mantiene la tasa de reposición, por lo que impedirá afrontar las necesidades reales y va a perpetuar la tasa de temporalidad en el sector público", reclamando también al Ejecutivo central "negociar mejoras salariales que permitan a los empleados públicos recuperar el poder adquisitivo perdido".
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