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25 septiembre 2025
Ep.
La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha defendido su gestión al frente de la crisis del transporte escolar en el inicio del curso que se resolvió con un acuerdo firmado por todas las empresas y a pesar de la "presión inaudita" de un sector minoritario al que ha acusado de "querer perjudicar" al resto de compañías y a la Administración.
"No tenemos nada que esconder", ha espetado Vaquera en respuesta al diputado socialista José María Vergeles en una pregunta ante el Pleno de este jueves en el que ha vuelto a pedir su dimisión, y que la consejera ha rechazado aludiendo a una negociación que finalmente se ha resuelto cumpliendo la ley.
Vaquera ha expuesto que si el acuerdo no se cerró antes fue por la "imposibilidad de modificación del acuerdo marco que entraría en vigor en este curso" sin el "consentimiento unánime" de todos los que lo habían firmado, lo cual "rechazaron las asociaciones de transporte".
La titular de Educación ha subrayado que "cualquier revisión de los precios del acuerdo marco de los contratos basados, deberían tramitarse obligatoriamente a través de los procedimientos de modificación contractual previstos en la ley de contratos del sector público".
"Hay que cumplir la ley", ha apuntado Vaquera a Vergeles, porque de lo contrario podrían salir "mal parados", y en este sentido ha abundado en que el gobierno extremeño "no iba a ceder a las presiones de unos pocos sobre la administración y a perjudicar al resto de las empresas que prestaron el servicio de transporte escolar desde el primer día".
Igualmente, ha rechazado que haya actuado como "cortafuegos" para que la crisis no llegara directamente a la presidenta de la Junta, sino que se trata de "decir la verdad de lo que está pasando", como es que adquirió el compromiso de "revisar una posible modificación del acuerdo marco sobre el transporte escolar para mejorar las condiciones de la prestación", que en todo caso, ha insistido, se haría "conforme con los principios de legalidad y cobertura presupuestaria a la que está sometida toda la actividad administrativa".
ABANDONO DE LAS FAMILIAS
Por su parte, el diputado socialista ha vuelto a reclamar a Vaquera, a quien ha acusado de haber "abandonado a familias", que "asuma la responsabilidad política" y se vaya "antes de que le eche el incremento de la tasa de abandono escolar temprano".
Además, ha dicho que los servicios que el gobierno de María Guardiola "desprecia absolutamente", en relación al transporte y al comedor escolar, para los socialistas han tenido una "enorme importancia en la disminución de la tasa de abandono" escolar temprano.
Asimismo, le ha acusado de mentir "deliberadamente" porque "no han producido ese incremento de 16 millones" al sector, atendiendo a la información que recoge el portal de contratación, que si se lee en profundidad lo que dice "no es nada bueno para ustedes", el gobierno extremeño, aunque lo que le preocupa es que "no es bueno ni para el mundo rural ni para tampoco las familias".
Vergeles ha asegurado que desde el gobierno regional "dejaron de pagar el transporte escolar para volver otra vez a adjudicar el transporte escolar", de modo que para finalizar el curso anterior "tuvo que firmar unos compromisos que no nos ha dicho".
LA JUSTICIA PUEDE INVESTIGAR LAS COACCIONES
En respuesta a otra pregunta, en este caso del diputado de Vox Juan José García, ha asumido la responsabilidad de las negociaciones y de la decisión de denunciar por vía penal, y posteriormente de retirar la acusación particular, a las empresas del transporte por coacciones durante las negociaciones.
"Nunca eludo ninguna de las responsabilidades propias de mi cargo, todo lo contrario, las asumo", ha respondido Vaquera al diputado de Vox, así como le ha replicado, ante la insistencia sobre si la denuncia se presentó en base a pruebas, que "las decisiones no se toman sin información ni análisis ni coordinación", pero cada consejero es "el responsable último de su área y de las acciones que en ellas se desarrollan".
De este modo, "tanto la interposición como la retirada de las denuncias corresponden en exclusiva a mí", ha asumido Vaquera, en tanto que "el deber y la responsabilidad no son eludibles", ha señalado, después de escuchar las críticas del diputado de Vox respecto a la falta de ética que supone el desistimiento del ejercicio de la acusación particular a sabiendas de que se ha cometido un delito, en este caso en relación con las coacciones que motivaron la denuncia.
En este sentido, Vaquera ha aclarado que los delitos en los que se fundamenta la denuncia son "perseguidos de oficio", de modo que la investigación le corresponderá al fiscal o al juez y "puede continuar con dependencia de la voluntad del denunciante".
"Lo que la Junta de Extremadura asumió fue el desistimiento del ejercicio de la acusación particular porque el interés siempre ha sido garantizar el acceso a la educación y para eso es preciso el transporte escolar, que los autobuses estén en su ruta y los alumnos lleguen a sus aulas", ha señalado.
"Por lo tanto, señorías, sí, asumo personalmente la responsabilidad de la denuncia y de su retirada y lo hago con la serenidad de quien ha actuado conforme a derecho y con la responsabilidad que corresponde a mi cargo", ha sentenciado.
Para Vox, desde la Junta han "pasteleado" con la denuncia para "sacar ventaja" en la negociación y tratar de "coaccionar" a las empresas, al tiempo que le ha recriminado que "su obligación es perseguir los delitos", de modo que la retirada de una denuncia con constancia de un delito "será legal pero no es ético" para un servidor público.
En todo caso, le ha replicado que "les ha salido mal porque se han bajado del carro y han subido la cuantía" de la prestación del servicio como reclamaban las empresas, pero en cualquier caso "lo peor" de este asunto lo han vivido los alumnos y las familias que han quedado "abandonadas por su gestión".
