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29 septiembre 2025
Ep.
El director general del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, Eduardo Villaverde, ha señalado que el problema "cíclico" que vive la comunidad autónoma con el transporte escolar se solucionaría si hubiera más competencia entre las empresas del sector, que actúan como si tuvieran "escrituras de propiedad" sobre las rutas, lo que les permite, como en este inicio de curso, llevar la negociación con la administración "al límite".
Así lo ha indicado en su comparecencia en la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura, donde ha respondido a una pregunta formulada por la diputada socialista Ana María Fernández, quien ha reprochado a la administración autonómica que el problema "no está resuelto", por lo que reclama una solución que "garantice" el transporte escolar como "servicio público esencial" para que el alumnado de las zonas rurales no vuelva a quedarse sin este servicio.
Villaverde, que ha lamentado la situación que han vivido los alumnos y sus familias en este año, ha subrayado que el transporte escolar ya funciona "con normalidad" salvo algunos "flecos" propios de cualquier inicio de curso escolar, ha vuelto a defender las gestiones realizadas desde la administración para buscar una solución a un "problema que es complejo, es sensible y es cambiante" como es la prestación de este servicio que cuenta con 565 rutas que atienden a 16.000 alumnos.
Tras repasar la cronología de la relación entre las empresas del sector y la administración desde la llegada al gobierno del actual Ejecutivo del Partido Popular en 2023, se ha retrotraído al mes de julio de este año, cuando quedaron desiertas 236 rutas, momento en el que la Administración publica hasta 10 nuevas licitaciones por el procedimiento de emergencia con sus correpondientes "subidas paulatinas de precios, intentando llegar a un acuerdo que permitiese que se prestase el servicio con absoluta normalidad".
Asimismo, ha replicado a las críticas de "improvisación" señalando que durante todo el verano ha habido "llamadas de teléfono, intercambios de whatsapp, reuniones presenciales que han hecho que el mes de agosto y primeros de septiembre se hayan vivido con muchísima intensidad", pero también con "la responsabilidad necesaria como para no dar pasos que no se ajustasen a la legalidad".
Por tanto, ha habido un "contacto permanente" y ha desvelado que "en más de una ocasión", contando ya con la "confirmación por parte de las empresas de que se iban a licitar esas rutas o que se había alcanzado un acuerdo", finalmente daban "un paso atrás".
En este sentido, ha defendido que "para llegar a acuerdos tiene que haber voluntad por todas las partes y aquí se ha llevado la situación al límite con exigencias que se venían renovando a cada paso", ha indicado el director general, quien ha compartido donde radica, desde su punto de vista, "gran parte del problema".
"El problema se llama competencia. Si en Extremadura hubiese, le voy a poner un número, 100 autobuses más, una flota de 100 autobuses, este problema no existiría", ha señalado, para añadir que así "se acabaría el tema de decir no licites a mi ruta, respeta las mías, yo no piso las tuyas", de modo que "no habría esas escrituras de propiedad que suelen decir que tienen".
De ellos se beneficiarían, ha dicho, "los propios alumnos y las propias empresas", pero, ha insistido, el problema es que "desgraciadamente, no hay competencia".
En esta línea, ha planteado otras opciones que se pueden explorar pero que "escapan del ámbito de la comunidad autónoma", en el sentido de revisar el Decreto 443/2001 que fija que para prestar el servicio de transporte escolar los autobuses tienen que tener como norma general menos de 16 años.
"Todos sabemos aquí que hay autobuses con 12 años que están hechos muy mal cuidado y prestan el servicio porque pueden por ley y otros autobuses que tienen más de 18 que están perfectamente cuidados y que por norma no pueden prestar el servicio", ha asegurado.
PROBLEMA SIN RESOLVER
Por su parte, la diputada socialista Ana María Fernández ha respondido que si la semana pasada en el pleno de la Asamblea "echaban la culpa a las empresas", ahora habla de cómo han intentado hacer una negociación pero "realmente el problema no está resuelto", porque "no les garantiza que esto no les vuelva a pasar".
En este sentido, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Socialista van a presentar una iniciativa parlamentaria en el próximo pleno "dando una solución al transporte escolar para que se garantice como servicio público esencial que el alumnado de las zonas rurales no vuelva a quedarse sin transporte escolar al inicio de curso".
Por otro lado, ha pedido explicaciones sobre las diferentes licitaciones que fueron quedando desiertas, así como ha criticado que la Junta haya utilizado fondos del "cheque de Educación Infantil" para abonar el dinero que debían a las empresas del transporte escolar, que ha cifrado en 4.280.622,75 euros.
Una cantidad para la cual el Ejecutivo regional realizó una modificación de crédito por la que retiran 3,3 millones de las ayudas para la matriculación en escuelas infantiles públicas.
Sobre esta cuestión, el director general ha replicado a la diputada socialista que esta modificación de crédito es "un procedimiento habitual y máxime cuando hay una prórroga en los presupuestos" que, le ha recordado a Fernández, no apoyaron desde su formación.
En todo caso, le ha trasladado que ese dinero que se ha movido de un sitio a otro "no se va a quedar sin que las familias lo cobren, evidentemente, de eso puede estar tranquila".
