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CCOO de Extremadura ha advertido este viernes de "avances" en la "privatización" del suministro de víveres, menaje, productos de limpieza y otros servicios destinados a las cocinas del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Este "camino" a la "privatización" que comenzó en 2020 en Cáceres, según ha precisado en rueda de prensa en Mérida el secretario de Acción Sindical y Negociación colectiva pública de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Extremadura, José Luis Domínguez, ahora se amplía al área de Plasencia, en virtud del recientemente publicado contrato mixto de suministro y servicio sobre esta materia.

Con relación a dicho documento, el sindicato ha calificado de "media verdad" el anuncio del SES de que iba a dedicar alrededor de 13.900.000 euros a los contratos de suministro de víveres y servicios, en la medida en que, según remarca CCOO, en el presupuesto base de licitación el valor estimado sin IVA es de unos 21.470.000 euros, contemplándose, además, una prórroga de un año y un 20 por ciento más "por si hay un desvío de presupuesto".

Convencido de que "se puede hacer una gestión directa", Domínguez ha considerado que "es momento de parar" en ese camino hacia la privatización para evitar que se extienda a "otras áreas y servicios".

Actualmente, existen contratos similares en Badajoz, Don Benito y Cáceres; mientras que en Coria, Llerena y Navalmoral de la Mata, la gestión continúa siendo directa y, según asegura el sindicato, "funciona, la gente come bien y los trabajadores hacen su trabajo".

En este sentido, tras subrayar que "no es la primera vez que hay que rescatar a los privados", Domínguez ha recordado que en Mérida se tuvo que "renunciar" a este tipo de contrato porque el mismo "era una chapuza".

Finalmente, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Extremadura, Rosa Rodríguez, ha adelantado que desde la organización sindical se mantendrán "alertas y vigilantes" en "todas las áreas de salud" para que estas medidas no conlleven el "detrimento de los derechos laborales de los trabajadores y de la calidad asistencial de los usuarios" ya que, según advierten, los controles que la Administración prevé hacer de esos contratos son "bastante generales".