El Consejo de Gobierno ha acordado este miércoles la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Asimismo, se acuerda instar a la Abogacía General de la Junta de Extremadura a iniciar los trámites legalmente establecidos para la interposición del referido recurso de inconstitucionalidad llevando a cabo cuantas actuaciones sean necesarias, según detalla la Administración autonómica.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga Gazapo, ha justificado la presentación de este recurso contra una norma que "establece el reparto forzoso de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas".

Durante una rueda de prensa celebrada en Mérida tras la reunión semanal del Gobierno regional, ha añadido que "invade competencias exclusivas de la Junta en materia de protección de menores; vulnera principios, como la autonomía y la lealtad institucional; y recurre de forma indebida al Real Decreto-ley para afrontar una situación que, lejos de ser extraordinaria, es estructural".

A su vez, Bazaga ha asegurado que "este decreto afecta a derechos fundamentales, como la libertad o la educación, altera el régimen constitucional de las comunidades autónomas y, además, no garantiza la financiación necesaria para atender a los menores trasladados", ha sentenciado.