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La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha explicado que la Junta de Extremadura ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto de reparto de menores migrantes, porque "pretende un reparto arbitrario y forzoso de menores no acompañados", y que el Gobierno realiza "sin escrúpulos", con el que "lejos de resolver la crisis migratoria, el presidente Sánchez usa a los menores como moneda de cambio para mantenerse en Moncloa".

Se trata de "un real decreto que vulnera la autonomía de nuestra comunidad autónoma", ha añadido la consejera de Servicios Sociales, quien ha resaltado que este decreto que "afecta a los derechos fundamentales como la libertad o la educación, atropellando el interés superior del menor", y que según ha insistido, está "hecho a medida del presidente de España que no reside en España.

Así se ha pronunciado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura ante una pregunta del Grupo Socialista sobre el motivo del recurso de la Junta de Extremadura a la atención a menores migrantes.

En la formulación de su pregunta, la diputada socialista Teresa Nuria García Ramos, ha lamentado la decisión del Gobierno regional de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo de reparto solidario de menores migrantes entre comunidades autónomas.

García Ramos ha recordado en su intervención que en julio de 2024 la presidenta de la Junta, María Guardiola, afirmaba que su compromiso con un futuro mejor para todos los niños y niñas era “ineludible”.

“Ni un año después, la presidenta vuelve a faltar a su palabra”, ha manifestado la diputada, quien ha señalado que se ha pasado “de las fotos con menores en situación de vulnerabilidad a bloquear su acogida”.

Además, según García Ramos, el recurso no es una acción aislada, sino “premeditada y organizada” junto a otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, con la intención de entorpecer un acuerdo de acogida solidaria entre territorios.

“Lo que pretenden es frenar al Gobierno de España, pero a quienes realmente están perjudicando es a 4.500 niños y niñas que necesitan protección urgente”, ha considerado.

De hecho, en su réplica, la diputada socialista interpeló directamente al Ejecutivo autonómico. “¿Cuántas vidas inocentes de niños y niñas son necesarias con tal de bloquear al Gobierno de España?”, ha preguntado, tal y como informa el PSOE extremeño en una nota de prensa.

“Son menores que llegan solos, empujados por el hambre, por la guerra, por la desesperación de sus familias. No sé cómo pueden ustedes dormir tranquilos por la noche”, ha argumentado la diputada socialista.

A su vez, García Ramos ha acusado al gobierno de María Guardiola de haber renunciado a la responsabilidad institucional en una situación de emergencia humanitaria.

“Lo que deberían haber hecho es ponerse a disposición del Gobierno central y ampliar las plazas de acogida, como ya le pedimos desde el Grupo Socialista. Pero aquí, la prioridad ha sido lavarse las manos. Ustedes ya no sienten dolor más allá de sus sillones”, ha insistido.

La diputada socialista ha cuestionado además la supuesta falta de capacidad de Extremadura para cumplir con su parte. “¿De verdad esta comunidad no puede acoger a los 169 menores que le corresponden? Bien saben ustedes que sí. Lo que falta es voluntad y humanidad”, ha afirmado.

García Ramos también ha señalado que mientras en otros territorios se actúa con responsabilidad, en Extremadura se ha optado por la insolidaridad. Y es que, según sus palabras, “con María Guardiola, Extremadura ya no es solidaria".

"Esta decisión, profundamente inhumana, les va a perseguir toda su vida. Ustedes son la peor derecha que ha tenido este país y serán, sin duda, el peor gobierno que tenga Extremadura”, ha concluido.

RESPUESTA DE LA CONSEJERA

En su respuesta, la consejera de Salud y Servicios Sociales ha lamentado el "desconocimiento total y absoluto" de la diputada socialista, a la que ha recordado que el 26 de marzo el Tribunal Supremo dio diez días como plazo improrrogable al Gobierno de España para hacerse cargo de mil menores pendientes de asilo, que a día de hoy no ha sido capaz de responder.

Así, y "ante la incapacidad del presidente Sánchez para resolver su única salida es disolver", ha considerado García Espada, quien ha lamentado que "ante la previsión de una votación fallida, su imposición de negar la propia votación", ha dicho.

Según ha relatado, en la reunión celebrada el pasado lunes con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "tras el turno de palabra de las comunidades autónomas se nos impide proceder a la votación" sobre el real decreto, y realiza "un primer receso de cinco minutos, una llamada a Gabinete de Moncloa", tras el que no se vota.

"Volvemos a conferencia y vuelve a haber un receso", tras el que "la indignación va en aumento", ya que "nos ponen una mordaza, nos impiden manifestar el derecho al voto", ha relatado la consejera extremeña de Servicios Sociales, quien ha asegurado que les "impiden" votar "porque prevén una falta de unanimidad favorable", algo que ha tachado de "inaudito, bochornoso, lamentable y sucio".

En ese sentido, ha criticado que en el Gobierno socialista "no tienen límite" y "no respetan a los ciudadanos", ya que "se creen en posesión de las instituciones porque lideran sin rigor, lideran sin ningún tipo de nivel técnico y lideran sin pensar en el bien común", tras lo que ha advertido que no van "a permitir que usen a los derechos de los más vulnerables para hacer su política sucia y cacique", ha concluido.